El Senado de la República ha vivido días negros, a raíz de los arteros ataques presidenciales al Poder Judicial y al abierto repudio y desprecio a la otrora poderosa Cámara Alta. La vergonzosa renuncia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea cierra una página negra para este gobierno, marcado por las renuncias de dos ministros.
El Senado ha tenido que conocer de las dos renuncias, con fundamento en el mandato establecido en el artículo 98 constitucional. La Constitución es clara al prever que las “renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves”. El texto es terminante y no admite interpretación alguna, aunque no establece qué debe entenderse como causa grave. Esta ausencia de criterios interpretativos ha sido la puerta que dio la entrada a la renuncia del ministro Zaldívar solamente para sumarse a un proyecto político.
La renuncia del ministro era un hecho desde el inicio del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, Zaldívar mostró su abierto entreguismo, su abyecta sumisión y su conversión en un propagandista y secuaz del gobierno. El “alma de la toga” abandonó al ministro desde entonces, por lo que su renuncia, a pesar de ser un hecho consumado, es una página negra en la historia del Poder Judicial, como lo fue la renuncia no debidamente motivada del ministro Eduardo Medina Mora.
Ambas renuncias, fueron diametralmente opuestas: al parecer Medina Mora fue víctima de la política de intimidación, amenazas y coacción de la Cuarta Transformación, lo que lo orilló a dejar la carrera judicial; Zaldívar renunció para admitir lo que fue como ministro, un operador más de Palacio Nacional, quien renunció a su integridad ética, para apoyar proyectos que legitimaban aberraciones jurídicas y fraudes constitucionales.
El Senado conoció de ambas renuncias con profundo estupor y extrañeza. En el caso de la renuncia del ministro Zaldívar se dio una ríspida discusión y un debate prolongado cuyo resultado fue el repudio mayoritario de la oposición al dictamen, que justificaba la renuncia con débiles argumentos por analogía y que fue aprobado de forma dividida en la Comisión de Justicia.
La aceptación por parte de Morena y sus aliados de la renuncia, convertirá al ahora exministro en un fiel peón en el engañoso tablero de ajedrez de la 4ta, que orquestará las reformas destinadas, en última instancia, a la destrucción del propio Poder Judicial. Todo esto se alinea con el proyecto presidencial de elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto directo, como si fueran representantes populares en lugar de individuos altamente especializados y competentes. Estos últimos, a través de su constancia, dedicación y profesionalismo, dignifican la carrera judicial
En la sesión del 15 de noviembre, durante la cual se aprobó la renuncia, a pesar de los sólidos argumentos presentados por la oposición, se recibió la propuesta presidencial de la terna para ocupar el cargo vacante. Sin lugar a duda, esta terna no representa más que un abierto e histórico insulto al Senado de la República. El presidente propuso a tres mujeres identificadas por su lealtad al proyecto gubernamental y por sus conexiones familiares, así como el sometimiento a los designios de Palacio Nacional. Resulta evidente el intento, en la recta final del sexenio, de reemplazar a un ministro leal e incondicional por otra persona igualmente sumisa y complaciente.
La artimaña presidencial es evidente: la primera terna será, con toda seguridad, rechazada, abriendo así la puerta al envío de una segunda terna que probablemente reitere candidaturas leales y supuestamente honestas, pero no necesariamente demostradas como competentes e imparciales. En caso de que esta segunda terna sea repudiada, el nombramiento surgirá directamente de las decisiones en Palacio Nacional.
El plan para destruir al Poder Judicial es claro y evidente: ataques reiterados y casi cotidianos a jueces, ministros y magistrados; negativa a nombrar magistrados para los tribunales electorales; la artera e inconstitucional desaparición de fideicomisos, e incluso, en el extremo del cinismo, el linchamiento mediático y público de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Poder Judicial es hoy el último reducto de defensa de nuestra Constitución, ante los reiterados ataques gubernamentales de un presidente que desprecia a la ley y a las instituciones. La defensa de este último Poder independiente y soberano es crucial e imperativa, ya que su desaparición sumiría a México en una larga noche de ilegalidad, abuso del poder y destrucción de nuestro orden jurídico.
Senadora por Baja California.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC
