Cada persona que desaparece, en cualquier rincón del país, causa una profunda y duradera herida en el tejido social. La cantidad de personas desaparecidas en este sexenio es digna de un escenario apocalíptico: cada mes desaparecen alrededor de 625 personas, mientras que entre diciembre de 2018 y enero de 2023 se han contabilizado 2,710 fosas clandestinas con restos humanos.
Cada hora que pasa, desaparece una persona, ante las miradas indiferentes y las burlas de un gobierno que, en los dichos se dice humanista, pero que en los hechos ha sido el más cruel, inhumano y cínico del que tengamos memoria. Las imágenes de madres buscadoras por todo el país nos deberían llenar de dolor e indignación, principalmente porque no han sido atendidas por el presidente, y, al contrario, se les estigmatiza y se les critica por revelar el desastre en el que la fallida estrategia de seguridad nos ha sumido.
De las 95 mil personas desaparecidas que se han contabilizado de 2006 a la fecha, casi la mitad se han dado en el actual sexenio: 42,029. Entidades federativas como Colima, Sinaloa y Veracruz se destacan por la elevada cifra de fosas clandestinas que ahí se han hallado, todo ello ante los intentos de la autoridad de maquillar los números que reflejen las dimensiones reales de la tragedia. Este intento de ocultar la realidad, orquestado desde las altas esferas del poder público, llevó a la renuncia de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana en agosto de este año.
La ausencia y falta de solidaridad gubernamentales han llevado a que la sociedad civil se organice para asumir funciones que deberían corresponderle al Estado mexicano. Hoy se contabilizan no menos de 234 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que sin apoyo alguno y a veces ante las burlas o las miradas indiferentes de las autoridades, llevan a cabo un trabajo extenuante, frustrante y desolador.
El Estado mexicano es el gran ausente hoy en día. A su creciente incapacidad para defender la vida y garantizar la seguridad de las personas, se suman la destrucción del sistema de salud y la eliminación de la calidad de nuestro sistema educativo. Esta cancelación del futuro se da ante la inauguración oprobiosa de obras que satisfacen el ego presidencial, mientras el país se incendia y se ve envuelto en la peor ola de violencia criminal de nuestra historia.
La tragedia que conlleva la desaparición de las capacidades institucionales y de la destrucción del aparato administrativo es mayor. Esta devastación tiene como eje las policías municipales y estatales, que hoy agonizan por falta de subsidios históricos que, como otros tantos recursos del Estado mexicano, se han utilizado en obras improductivas, con costos inadmisibles y con un considerable daño al erario. Las próximas generaciones, además de una deuda de 16 billones de pesos, tendrán que retomar las tareas que este gobierno ha relegado: deberán esclarecer, con prudencia y objetividad, los indescriptibles pactos secretos con grupos criminales que se han expandido durante el actual sexenio, bajo un manto protector de impunidad; además, deberán reconstruir las capacidades de investigación de nuestras policías y fortalecer la seguridad pública a nivel municipal y estatal.
La desaparición de personas es sólo el manto que recubre una atroz tragedia humana: jóvenes desaparecen de un día para otro, algunos son reclutados por grupos criminales y otros son obligados a matarse entre sí, como en una especie de circo romano vergonzante. Una nueva generación, que es la promesa para México de un mejor futuro, está desapareciendo en medio del miedo y la incertidumbre, y ante las miradas atónitas y preocupantes de sus familiares, quienes no saben a ciencia cierta si los volverán a ver.
Las familias de las personas desaparecidas están hoy sedientas de justicia. Para ellas no hay paz, tranquilidad, ni palabras de aliento. La respuesta gubernamental es cínica y cruel: si no se echan culpas al pasado por las barbaridades del presente, se culpa a las propias familias o se guarda un silencio perturbador con el que se pretende ocultar el hecho innegable de que la marca del actual gobierno es la destrucción, la mentira y el odio.
“No mentir, ni ocultar y sí buscar”, es el mandato que la ciudadanía le hace a un gobierno ausente, cuya obsesión presente parece ser desaparecer a las personas desaparecidas, en lugar de asumir sus funciones indelegables.
Senadora por Baja California.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC
