Largo y estéril fue el debate que se dio en el Senado para aprobar la plena militarización de nuestro país. A pesar de los argumentos y esfuerzos de la oposición para frenar lo inevitable, se consumó un nuevo fraude a la Carta Magna.
El Senado había realizado un importante ejercicio de Parlamento Abierto en el mes de febrero de 2019, del que surgieron importantes e inéditos consensos en medio de la tradicional cerrazón, la imposición de la mayoría y la aprobación incondicional de proyectos presidenciales ocurrentes.
Como resultado del Parlamento Abierto, se reformó la Constitución para establecer una Guardia Nacional de carácter civil, que pronto fue vulnerada en sus orígenes, al convertirla en los hechos en un cuerpo militar encargado de tareas de seguridad pública.
Desde la oposición se presentaron proyectos para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, como la nueva Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, que propuse en 2019. Dicha ley regula la atribución del presidente para disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, y prevé la coordinación de las autoridades en la ejecución de una Declaratoria, como instrumento base para la actuación extraordinaria en materia de seguridad.
Además, propuse que las Fuerzas Armadas deberían someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos, se incluían protocolos para el funcionamiento de los grupos locales de coordinación interinstitucional, y mecanismos de control y rendición de cuentas.
Esta iniciativa fue desechada, junto con múltiples propuestas que buscaban el gradual regreso de la tropa a los cuarteles y la actuación regulada, extraordinaria y bajo mando civil de la Guardia Nacional. Después de una semana de intensas presiones sobre la oposición, se dinamitó la convicción de quienes antes se oponían a la militarización y luego terminaron defendiéndola.
La discusión del 4 de octubre se centró en la aprobación, pospuesta la semana anterior, de la reforma al artículo Quinto Transitorio de la reforma en materia de Guardia Nacional, en abierta contradicción con los mandatos constitucionales y en una apuesta peligrosa por militarizar la seguridad pública y las actividades civiles.
El gobierno, además de inducir un nuevo fraude contra la Carta Magna desde el Poder Legislativo, ha emprendido la ruta equivocada en su estrategia de seguridad: en lugar de fortalecer las policías estatales y municipales en sus capacidades de prevención e investigación del delito les ha asignado a los militares tareas extraordinarias sin reglas de transparencia y sin mecanismos de rendición de cuentas.
La presencia militar no ha impedido que pueblos y comunidades enteras estén bajo el control de los grupos criminales, lo que nos pone ante la ruta de ser un Estado fallido. El resultado de la militarización, que continuará durante el resto del sexenio está a la vista: la violencia se ha apoderado de calles y comunidades aún con la presencia militar, con récords históricos de asesinatos dolosos, mujeres desaparecidas, masacres y ejecuciones. #MartesNegroParaMexico
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