Recordar algunas escenas de nuestra vida nacional, más allá de las monografías de papelería que recuerda el presidente en sus mañaneras, desnuda al movimiento obradorista. Su reforma judicial no es histórica, quizá histriónica.
Quieren un tribunal de disciplina judicial que esté encima de jueces y juezas. Santo oficio de la cuarta inquisición contra la carrera judicial. Algo similar ya lo tuvo el país y empata a López Obrador con López de Santa Anna. En las “Bases de organización política de la República Mexicana” sancionadas por el entreguista en 1843, se estableció un “Tribunal para juzgar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia”. Con doce letrados elegidos por sorteo del Congreso. Con ello se fortaleció el centralismo judicial contra el que pelearon los federalistas, y se impuso la visión conservadora: todo se decidía en la Ciudad de México. El caudillo tenía la plena potestad derogatoria de las disposiciones anticonstitucionales, verdadero objetivo de los obradoristas.
Cuatro años después, en 1847, mientras Santa Anna reculaba en el territorio frente al ejército invasor norteamericano, la Corte recuperó la capacidad de revisar decisiones de los tribunales de la capital de la República; pero la ausencia de una herramienta jurídica para reestablecer el orden constitucional violado por una autoridad no lo teníamos, y eso motivó a Mariano Otero a presentar su “voto particular” con el que nació el juicio de Amparo, que tanto le molesta al presidente, porque no entiende que la Constitución son límites al poder político. Fronteras de defensa ciudadana que el poder judicial debe garantizar frente al abuso de autoridad. Esas líneas infranqueables fueron el sello de identidad de la Constitución liberal de 1857, se llamaron “los derechos del hombre”. Hoy son garantía de todas las personas. Y quien las vigilan son los jueces federales. Morena ni las entiende, ni las respeta.
Dos años atrás en 1855, Benito Juárez promulga su famosa “Ley Juárez”, corazón liberal, para recortar fueros eclesiástico y militar. El mero título de esa ley, avisa y advierte lo que le falta a la reforma de AMLO, “Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios”. Juárez buscó federalizar la justicia, y confesó que esa norma fue “la chispa que desató el incendio de la Reforma”. Protestaron los ministros de la Corte, exigieron ser escuchados. “En lugar de contestarles —dice Pablo Mijangos—, Juárez simplemente destituyó a todos los ministros y nombró a sus reemplazos” (Historia de la SCJN. p. 52). Presidente de esa nueva Corte fue Juan Bautista Morales, célebre autor de “El gallo pitagórico”, donde con realismo satírico escribió que los miembros de la judicatura deben vivir con austeridad republicana y culinaria, “hacer profesión de un riguroso ayuno permanente… (comer) verdolagas, quelites o frijoles, muchas veces cocidos en agua y sal, porque no hay con qué comprar manteca para freírlos”.
“Defender la injusticia es lo que da dinero”, sentenció Bautista Morales, expulsado de la Corte por Santa Anna por pensar diferente. ¿AMLO acuchillará a los ministros como Santa Anna, como el abogado Juárez, o como Zedillo?, pasará a la historia como matarife de jueces y abogados, a éstos últimos fue a los primeros a los que les llamó “traidores a la patria”. Los jueces administrativos que dicen que Yasmín Esquivel no es plagiaria, son héroes nacionales. Lo dicho: ni reforma histórica, ni histriónica, es histérica.
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