Un principio fundamental de la Democracia es que todos los votos tienen el mismo valor. Es decir, el voto del ciudadano más adinerado de México cuenta igual que el de la persona más humilde; el voto de un académico de renombre tiene el mismo peso que el de alguien sin estudios formales; y el voto por un partido o coalición en el poder debe contabilizarse de la misma manera que el voto por un partido o coalición de oposición. Estos principios están claramente establecidos en nuestra Constitución.
Sin embargo, la fuerza política en el poder registró un convenio de coalición ante el INE que, a todas luces, resulta inconstitucional. Este convenio permite el trasvase, intercambio de votos entre los partidos de una misma coalición (conocido como “cambalache”). Adicionalmente se pide realizar una aplicación tramposa del artículo 54 constitucional. En la primera fracción del artículo, se pretende incluir a las coaliciones cuando se menciona solo "partido político", mientras que en las otras fracciones se aplicaría exclusivamente a los partidos individuales, excluyendo a las coaliciones. Este artículo constitucional fue diseñado en su momento para garantizar que ninguna fuerza política (partido y/o coalición) tenga una sobrerrepresentacion excesiva en la Cámara de Diputados.
El objetivo de este irregular convenio y la pretendida interpretación engañosa del artículo 54 es que, aunque los partidos de la 4T recibieron conjuntamente el 54% de los votos, obtendrían el 75% de los escaños en el Congreso. Por otro lado, los partidos de oposición, que obtuvieron cerca del 46% de los votos, solo recibirían el 25% de las curules. Esto violaría el límite del 8% de sobrerrepresentación que establece claramente nuestra Constitución.
Con esta “super-sobrerrepresentación artificial”, el partido en el poder tendría una mayoría calificada en el Congreso, permitiéndole modificar la Constitución sin necesidad de negociar o considerar las propuestas de las minorías o de los partidos opositores. Este escenario quebranta el principio democrático de que todos los votos tienen el mismo valor, creando una distinción entre “votos VIP (Very Important People)” y “votos light”. Morena y sus aliados tendrían un diputado por cada
80,000 votos a su favor, mientras que en la oposición se necesitarían 200,000 votos para obtener un diputado, generando así una clara desigualdad entre “votos de primera” y “votos de segunda”.
La democracia es la base de nuestra sociedad y garantiza derechos fundamentales y libertades. Si una sola fuerza política controla tanto la presidencia como el Congreso a través de una “super sobrerrepresentación artificial”, se pondrían en riesgo los equilibrios y contrapesos esenciales en un Estado de Derecho.
Una concentración excesiva del poder en una sola fuerza política podría amenazar los derechos y libertades de los mexicanos. Esto se evidenció con el anuncio de un paquete de reformas constitucionales que afectarían la autonomía del Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos, poniendo en peligro la confianza y certidumbre jurídica para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleos formales.
Por lo tanto, hacemos un llamado firme y respetuoso al Instituto Nacional Electoral (INE) para que considere a las coaliciones como unidades políticas únicas, como lo hace con los gastos de campaña. Asimismo, solicitamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que realice una interpretación jurídica, histórica, teleológica, garantista y sistemática del artículo 54 constitucional para evitar una “super-sobrerrepresentación artificial” de la coalición gobernante en el Congreso y asegurar el principio básico de la democracia: que todos los votos de los mexicanos valen lo mismo.
Confiamos en su compromiso con la democracia, las libertades y los derechos humanos de los mexicanos. Los ciudadanos estaremos atentos y lucharemos en todos los frentes por la defensa de nuestra democracia.
La gran batalla por la Democracia.
Sufragio efectivo, no a la super-sobrerrepresentación artificial. #YoDefiendoMiVoto
Secretario General de Coparmex.
