Recientemente asistí a la graduación de uno de mis hijos, donde una maestra tomó la palabra para ofrecer consejos sobre el futuro. Uno de ellos fue: “siempre recuerden que para llevarnos bien no necesitamos pensar igual, lo que necesitamos es tener el mismo respeto por las ideas del otro”.
Estamos a las puertas de una nueva administración del Poder Ejecutivo y es evidente que no compartimos las mismas ideas sobre muchos temas. Sin embargo, confío en que esto no impida que mantengamos una relación de respeto que sea fructífera para el bien de nuestro país. Quizás, incluso, podamos persuadirnos mutuamente sobre algunas de nuestras propuestas e ideas.
A menudo se dice que para establecer una buena relación es crucial enfocarse en las coincidencias; yo discrepo. Las coincidencias ya están ahí y son importantes, pero el verdadero desafío radica en trabajar nuestras diferencias, sin temor a defender nuestras convicciones y creencias.
Personalmente, como empresario, considero que el camino para lograr un desarrollo inclusivo en México radica en la implementación de un auténtico modelo de economía de libre mercado donde nadie se quede rezagado. Es fundamental garantizar una libre competencia en todos los sectores para asegurar buenos servicios y productos a precios competitivos.
Esto no significa descartar los programas sociales que proporcionan ayuda temporal a quienes lo necesitan, pero estos deben estar focalizados y tener un carácter transitorio, ayudando a las personas a adquirir las habilidades y competencias necesarias para salir adelante con su propia creatividad, trabajo y esfuerzo. Los programas sociales permanentes fomentan la dependencia y merman la voluntad, y a largo plazo no son sostenibles desde el punto de vista fiscal.
Es absurdo que el gobierno celebre como un gran logro que el 70% de las familias reciba algún tipo de apoyo, mientras que el 55% de las personas que trabajan en México labora en la informalidad con empleos precarios y sin acceso a la seguridad social. Esta situación se debe en gran medida a la excesiva regulación y burocracia que dificultan la apertura y operación de negocios formales en nuestro país. Una auténtica economía de libre mercado puede facilitar la transición de estas personas hacia la formalidad.
La mejor política social sería una reforma radical del marco regulatorio para promover la apertura y operación de empresas formales, facilitando así la creación masiva de empleos y el avance hacia la formalidad. Es urgente simplificar el marco regulatorio, asegurando que las leyes sean claras, sencillas de cumplir, estables y no discrecionales.
Uno de los principales obstáculos para reducir los niveles de pobreza en México ha sido el bajo crecimiento económico de los últimos años, resultado de altos índices de informalidad y baja productividad en este sector. La productividad en el sector formal es tres veces mayor que en la informalidad.
Además, es fundamental fortalecer el Estado de derecho, la certidumbre y la seguridad jurídica para fomentar la inversión privada y el crecimiento económico en nuestro país. Preservar la independencia y autonomía de los poderes de la unión, los organismos autónomos y los contrapesos es esencial. Las iniciativas de reformas constitucionales que se discutirán, podrían perjudicar la confianza necesaria para la inversión, especialmente con respecto a la reforma del poder judicial que podría comprometer la independencia de jueces y magistrados.
Es crucial que la próxima administración atienda estas legítimas preocupaciones de los inversionistas y del sector productivo, evitando reformas precipitadas al final de un mandato y asegurando un análisis exhaustivo de los posibles impactos de dichos cambios en la política y economía de nuestro país. Debemos proteger los equilibrios democráticos que proporcionan certidumbre y confianza a la inversión privada. La confianza no se decreta ni se impone, la confianza se construye todos los días.
Si logramos generar confianza para la inversión y creamos un entorno propicio para la expansión de empresas formales, experimentaremos mayor productividad y crecimiento económico; sentando así las bases para un desarrollo inclusivo donde nadie se quede atrás. #OpiniónCoparmex
Gerardo Trejo Veytia
Secretario General de Coparmex