Así titulé mi columna del 20 de marzo del año pasado, preguntando por los informes de resultados de dos auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Infonavit a las cuentas públicas 2017 y 2018.
Como antecedente señalaría que la auditoría a la cuenta pública 2017 fue la primera que se le realizó a dicho instituto en toda su historia, firmé la orden de auditoría en septiembre del 2018 y tenía por objeto revisar una indemnización pagada en 2017 a una empresa privada por 5,088 millones de pesos (mdp) que se observaba excesiva. Posteriormente, incluimos la revisión a la cuenta pública 2018 en el Programa Anual de Auditorías. Sobre estas dos auditorías se amparó el Infonavit, por lo que se suspendieron las revisiones.
Una vez que la Suprema Corte resolvió los amparos a favor de la ASF en septiembre y noviembre del 2020, se reanudaron las auditorías en abril del 2021.
En agosto del 2023 y considerando el largo tiempo transcurrido, sin que se publicaran los informes en el Sistema Público de Consulta de la ASF, acudí a solicitar al órgano técnico de la Comisión de Vigilancia, la Unidad de Evaluación y Control (UEC), que investigara por qué a más de dos años de haberse reanudado la fiscalización, no se habían publicado los informes correspondientes.
En este contexto, el pasado 05 de marzo se presentó Claudia Bazúa Witte, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF a una reunión de trabajo con los diputados de la Comisión de Vigilancia para presentar los resultados de las auditorías a la cuenta pública 2022, practicadas bajo su responsabilidad.
En su presentación, Claudia Bazúa informó, entre otros resultados, el correspondiente a la fiscalización al Infonavit, dando a conocer posibles irregularidades por 379 mdp, pero llamó mucho mi atención que no informó sobre los resultados o bien, el estatus de las auditorías a las cuentas públicas 2017 y 2018.
En una búsqueda en la aplicación de la ASF, no se encuentran los informes; en otra realizada en el sitio www.asf.gob.mx, me permitió encontrarlos. De su lectura me enteré que las dos auditorías se terminaron el 03 de octubre del 2023, poco menos de dos meses después de mi petición de investigación a la UEC.
Pero, qué resultados presentan estos dos informes. La auditoría 1717-DS a la cuenta pública 2017, presenta 6 presuntas irregularidades por 3,240 mdp, una de éstas por 3,088 mdp y la auditoría 298-DS a la cuenta pública 2018 presenta 13 presuntas irregularidades por 2,444 millones de pesos, una de éstas por 1,692 millones. En total 5,684 mdp, una cantidad muy importante.
La pregunta es por qué la Auditora Especial Bazúa, no dio a conocer estos resultados en su reunión con los diputados. Nos dirá que no eran de la Cuenta Pública 2022, efectivamente no lo son, pero estas dos auditorías se habían interrumpido por los amparos interpuestos por el Infonavit, entonces su fiscalización se salió de la normalidad del proceso que conlleva cada auditoría debidamente programada, por lo que debió informar a los diputados de sus resultados, considerando que fue la primera reunión con ellos después de concluidas las auditorías; asimismo, los montos observados en estas dos auditorías equivalen a casi todo el monto que observó su Auditoría Especial en la cuenta pública 2022 por 6,332 mdp. Les aseguro que los diputados no conocen estos resultados.
Me cuestiono si estamos en presencia de una omisión digna de alguien con un criterio muy limitado o sin experiencia que no debería ocupar un puesto tan importante o bien, a quienes se les está protegiendo. Usted saque sus propias conclusiones.
