El próximo mes de septiembre, una vez instalada la LXVI Legislatura, dará inicio el proceso para llevar a cabo la aprobación de una serie de reformas constitucionales contenidas en 18 iniciativas presentadas el pasado 5 de febrero por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y tres iniciativas presentadas el pasado miércoles 3 de julio por la virtual Presidenta electa la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que comprenden poco más de 55 modificaciones a nuestra carta magna. De concluirse satisfactoriamente este proceso, una vez aprobadas estas modificaciones por el Constituyente Permanente, como es de esperarse, representará una de las reformas más importantes a nuestra carta magna desde 1917.
Respecto al contenido de algunas de estas reformas, voy a enfocarme exclusivamente en las propuestas para reducir el periodo de duración de algunos cargos públicos y en la no reelección de otros.
En relación con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pretende reducir de quince a doce años el tiempo de duración en el cargo. Por lo que se refiere a las magistraturas electorales se busca reducir el periodo de nueve a seis años. A los consejeros del INE —que se transformará en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)—, se les reduce el periodo de nueve a seis años. En cuanto a las nuevas magistraturas disciplinarias se les establece un periodo de seis años. Todos estos cargos son improrrogables.
Acerca de la reelección, la Dra. Claudia Sheinbaum ha sido firme en su postura de estar en contra. En su proyecto denominado “100 Pasos para la Transformación”, establece que no debe haber reelección a ningún cargo de elección popular a partir de la siguiente elección presidencial en 2030, haciendo valer la consigna “Sufragio efectivo, no reelección”. Por lo anterior, una de sus iniciativas consiste en eliminar la reelección para diputados, senadores, alcaldes y concejales.
Habrá quienes estén a favor de las reelecciones; en lo personal estoy en contra, ya que provocan espacios perniciosos de poder, corrupción y cacicazgos e impiden renovar liderazgos, mandos políticos o cargos públicos con personas preparadas, que cuentan con experiencia y trayectorias importantes —que hay muchas en este país—, obstaculizando la manifestación de nuevas ideas y visiones. En general, las reelecciones no obedecen al buen desempeño de un servidor público sino a su servilismo o componendas con grupos de poder.
En este contexto, debo llamar la atención sobre la renovación del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que se dará a finales del próximo año. El artículo 79 de nuestra carta magna señala que la Cámara de Diputados lo designará por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y que durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Lo anterior implica que el actual titular, en caso de ser designado nuevamente, duraría en este cargo 16 años. Ningún otro cargo público, permite una permanencia de tanto tiempo, por lo que la reelección constituye un incentivo perverso para el titular, tratando de quedar bien con los grupos políticos que pueden reelegirlo, en perjuicio del combate a la corrupción.
Al respecto, considero que debe modificarse el artículo constitucional que contempla la posible continuidad del titular de la ASF, de tal forma que esta responsabilidad dure únicamente ocho años improrrogables. En la voluntad de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo está el proponer este cambio constitucional, acorde con sus propuestas. Es tiempo de Reformas Constitucionales.
