He escrito dos columnas previas en relación con la desastrosa administración de las empresas Segalmex, Liconsa y Diconsa a cargo de Ignacio Ovalle hasta abril de 2022 y actualmente de Leonel Cota Montaño quien, en su momento, reconoció ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el desaseo en esa institución que derivó en el mayor escándalo de corrupción de este sexenio que está por terminar y que el presidente López Obrador reconoció en una de sus conferencias mañaneras como la única “mancha” que se llevará de su gobierno.
A Ovalle, el presidente López Obrador lo señaló como una gente buena que había sido engañado por un grupo de priistas y lo protegió dándole la titularidad del Instituto Nacional para el Federalismo (Inafed); en tanto René Gavira, el exdirector de Administración, fue detenido en diciembre del año pasado. También se hizo público que un hermano del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) trabajaba en Segalmex, seguramente como parte de estos intercambios de favores tan comunes en nuestra clase política.
La gestión de Ignacio Ovalle que fue revisada por la ASF abarcó los años de 2019 a 2021. En sus informes, el órgano fiscalizador identificó 12,500 millones de pesos con posible irregularidad en el manejo de recursos públicos federales y 7,200 millones adicionales que requerían de información y documentación complementaria para ser aclarados. En total 19,700 millones de pesos fueron observados.
Una revisión al Sistema Público de Consulta de la ASF reporta que del total que le fue observado a estas tres empresas, se han aclarado asuntos por 5,700 millones de pesos. Asimismo, siguen en proceso de aclaración asuntos por casi 6,500 millones y en etapa de investigación asuntos por poco más de 5,000 millones. Un total de 11,500 millones de pesos, aún sin aclarar.
Sobre los resultados observados por la ASF, se han presentado 14 denuncias penales, de las cuales 11 son de Segalmex y 3 de Diconsa por aproximadamente 2,200 millones. Ninguna de Liconsa a pesar de tener asuntos en aclaración e investigación por poco más de 1,600 millones de pesos.
Aquí también he señalado que la ASF no ha presentado ningún asunto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) correspondiente a la actual Administración Pública Federal, buscando que se sancione a los servidores públicos que incurrieron en faltas administrativas graves, esto incluye los asuntos de Segalmex y Diconsa que ya fueron denunciados penalmente, teniendo en cuenta que la vía penal y la administrativa disciplinaria no son excluyentes, ya que tienen propósitos sancionatorios distintos.
Tuve el privilegio, siendo servidor público de la ASF, de guiar la auditoría que se le realizó al primer año de operaciones de Segalmex, el de 2019, junto con un extraordinario grupo auditor que dio origen a la detección del desastre administrativo y de corrupción ocurrido durante la gestión de Ovalle, por lo que le puedo afirmar que dentro de los asuntos en aclaración e investigación todavía hay algunos que deben ser denunciados y muchos presentados ante el TFJA para sancionar las faltas administrativas graves cometidas y los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Federal.
Desde que tengo memoria, el paso de cada administración pública federal graba permanentemente en la memoria de los ciudadanos los casos significativos de corrupción, ninguna se salva. En esta administración, sin duda, uno de estos será el de Segalmex, quizá más doloroso para el Presidente por estar involucrado un amigo de años quien por acción u omisión, le provocó lo que reconoció como la “mancha” de su sexenio.
Experto en fiscalización y presidente del OSNA. Twitter: @gldubernard @CPCSNA