No tenía contemplado escribir nuevamente sobre el “caso Segalmex”, que el expresidente López Obrador reconoció como la “mancha” que se llevará de su gobierno, pero considerando que la actual presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a conocer que Segalmex y Diconsa se fusionarán para dar lugar a una unidad denominada “Alimentación para el Bienestar”, lo que las extinguirá; así como por la información que sobre este caso dio a conocer el entonces secretario de la Función Pública en una conferencia mañanera, es que decidí hacerlo.
El pasado 19 de agosto publiqué en este diario una columna donde informaba sobre los muchos asuntos de las tres empresas involucradas en este caso, Segalmex, Diconsa y Liconsa, que se mantienen sin aclarar en algún proceso en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esperando su resolución final, los que deberán continuar, para que, en su caso, se sancione a los servidores públicos responsables de causar tan importante quebranto, a pesar de la extinción de las dos primeras, por lo que no debemos olvidar este caso.
Derivado de la información que utilicé en mi columna, tomada del sistema de consulta pública de la ASF y la discrepancia con aquella que posteriormente dio a conocer el exsecretario de la Función Pública en la conferencia mañanera del pasado 4 de septiembre, me buscaron diversos interesados en el tema solicitándome alguna aclaración. Por lo anterior, decidí hacerla a través de este espacio, para evitar tergiversaciones y cuidar la objetividad.
El exsecretario informó que de las cuentas públicas 2019 y 2020 se habían identificado 9,500 millones con posible daño patrimonial, de los cuales, se habían aclarado 4,700 millones; que 2,100 millones se encontraban en proceso de aclaración y que 2,700 millones no fueron aclarados sobre los cuales se presentaron las denuncias correspondientes; asimismo, mencionó que de los años 2021 al 2024 se han solventado todas las observaciones de la ASF.
En este contexto, debo mencionar que la fiscalización del año 2023 está en proceso y aún no se han presentado los resultados de las 5 auditorías programadas a estas tres empresas. La del año 2024 iniciará en 2025, una vez publicado el programa anual de auditorías.
Sobre los años 2019 a 2022, último año que ha concluido totalmente su fiscalización, la ASF les practicó a estas tres empresas 12 auditorías, dando a conocer en sus informes de resultados 82 asuntos por 20,064 millones, de los cuales en 68 por 7,691 millones se identificó un posible daño patrimonial en el uso de recursos públicos federales y en 14 por 12,373 millones señaló que requería de información complementaria para ser aclarados.
Todos estos asuntos, como lo señaló el exsecretario, estaban sujetos a un proceso de aclaración establecido en la Ley de Fiscalización, la cual también establece plazos para su resolución que, en algunos casos, están por mucho rebasados.
Una revisión al sistema público de consulta de la ASF al 10 de octubre reporta que del total que le fue observado a estas tres empresas, se han aclarado 11 asuntos por 5,701 millones de pesos, todos del año 2021, ninguno de los años 2019 y 2020. Asimismo, siguen en proceso de aclaración 43 asuntos por 6,929 millones, de los cuales 25 por 6,528 millones son de los años 2019 y 2020. Estos presentan un atraso considerable en su resolución.
Adicionalmente existen 18 asuntos por 5,247 millones que no fueron aclarados en su oportunidad y se encuentran en etapa de investigación de donde pueden derivar denuncias por la vía penal y la administrativa, de los cuales 9 por 4,091 millones son de los años 2019 y 2020. Éstos no tienen plazo para su resolución.
Sobre los resultados observados la ASF ha presentado 14 denuncias penales a la fecha, de las cuales 11 son de Segalmex por 2,007 millones de los años 2019 y 2020 y 3 de Diconsa por 180 millones del año 2020.
En resumen, existen en la ASF un total de 61 asuntos de las cuentas públicas 2019 a 2022 por 12,176 millones de pesos, aun sin una resolución final, de los cuales 34 por 10,619 millones son de los años 2019 y 2020. Los restantes 27 por 1,557 millones son de los años 2021 y 2022.
Asimismo, es importante señalar que, al menos hasta el 31 de marzo pasado, fecha del último informe semestral presentado por la ASF a la Cámara de Diputados, no se había presentado ningún asunto de estas tres empresas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), buscando que se sancione a los servidores públicos que incurrieron en faltas administrativas graves a pesar de que ya se han presentado denuncias sobre asuntos de Segalmex y Diconsa, teniendo en cuenta que la vía penal y la administrativa disciplinaria no son excluyentes ya que tienen propósitos sancionatorios distintos.
El caso Segalmex no debe minimizarse ni olvidarse. Es un ejemplo de todo lo que no debe hacerse en la Administración Pública empezando por la necesaria planeación y establecimiento de controles para su arranque y adecuado funcionamiento. La improvisación en programas y proyectos tiene costos muy altos y propician espacios que facilitan actos de corrupción.
Las distintas versiones sobre los montos observados y aclarados del caso Segalmex, han generado una gran confusión entre los interesados en conocer la magnitud real del quebranto -el cual quizá nunca conoceremos-, además de ser muy difícil su seguimiento por la opacidad que lo rodea, siendo el sistema de consulta público de la ASF -en el que me basé para escribir esta columna-, la única fuente que controla y da a conocer a una determinada fecha el estado en que se encuentra cada observación emitida por ese órgano fiscalizador en sus informes de resultados, los que asumo son correctos.
Experto en fiscalización y presidente del OSNA
Twitter: @gldubernard @CPCSNA
