A río revuelto, ganancia de pescadores, decimos cuando alguien busca obtener beneficios indebidos aprovechando el caos, la confusión o el desorden y que le aplica a la administración inicial del organismo “Seguridad Alimentaria Mexicana” (Segalmex), creado en enero del 2019, que dirigió también Liconsa y Diconsa, y que desde su primer año de operación tuvo una gestión deficiente, por decir lo menos, que derivó en 38 pliegos de observaciones por 4,793 millones de pesos (mdp), y 11 solicitudes de aclaración por 8,013 mdp más, como resultado de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los años 2019 y 2020.
Las acciones de fiscalización e investigación han dado lugar a la presentación de 38 denuncias penales por parte de la Secretaría de la Función Pública, de Segalmex y otras autoridades, incluidas 11 de la ASF, que se están integrando en la Fiscalía General de la República (FGR), con un enfoque de delincuencia organizada; sin duda, un número importante de denuncias penales sobre una administración.
Las irregularidades van desde inversiones bursátiles en instrumentos no autorizados, que finalmente fueron recuperados; así como la falta de control de inventarios de granos; pagos en exceso a productores de leche; pagos a proveedores sin que se haya entregado la totalidad de los bienes; en fin, la lista es larga, por lo que resulta incomprensible que el director general Ignacio Ovalle no estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo en estas empresas, implicando omisiones de responsabilidad grave, máxime que el informe del auditor externo también da cuenta de estos asuntos, por lo que se abstuvo de emitir una opinión sobre los estados financieros por esos años.
El pasado 14 de diciembre se reunió con la Comisión de Vigilancia el nuevo director general desde abril, Leonel Cota Montaño, quién informó sobre las medidas adoptadas para poner orden en estas tres empresas estratégicas para llevar alimentos básicos a las familias más vulnerables del país, reconociendo que “los primeros días fueron tremendos en observar todas las desviaciones”. Dada su experiencia como servidor público eficiente confío en que así lo hará.
Sobre las denuncias presentadas hay un servidor público indiciado y conforme la FGR concluya sus investigaciones, realizará, en su caso, la judicialización de las carpetas de investigación correspondientes ante un juez, para que se sancione a quienes, se presume, causaron un desfalco al erario. Esperemos que ahora sí, se empiece a desterrar al fantasma de la impunidad.
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