Expresión en latín que significa “algo a cambio de algo”, que saco a colación derivado de los doctorados Honoris Causa que entregó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, y al Auditor Especial de Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, el pasado 26 de enero.
El otorgamiento de esta distinción no tendría mayor trascendencia excepto porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revisa el debido uso de los recursos públicos federales que gasta esa Universidad.
La argumentación que hago a continuación no tiene que ver con merecimientos, eso lo decidió el Consejo Directivo Universitario, va más allá, tiene que ver con la responsabilidad social de la ASF y la confianza que deposita la sociedad en su trabajo y resultados.
La Ley de Fiscalización señala que el trabajo de la ASF se realizará conforme a los principios de imparcialidad y confiabilidad, entre otros. Su Código de Ética señala que está basado en una Norma emitida por la Organización Internacional que agrupa a las entidades de Fiscalización Superior a nivel mundial (INTOSAI), para lo cual, el Código de Conducta puntualiza criterios rectores y conductas que permiten orientar el actuar de sus servidores públicos.
Uno de estos criterios les establece “Preservar la independencia y objetividad en su actuación” y precisa, en una modificación realizada por la actual administración en 2020, que “Lo anterior implica estar libre de influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o en apariencia, el juicio profesional o la actuación imparcial”.
El haber aceptado esta distinción, crea dudas razonables sobre si efectivamente hubo un uso correcto de recursos públicos por parte de la Universidad y si la ASF, actuó con la debida imparcialidad, “libre de influencias”. En “apariencia”, este hecho aniquila la confianza de que así haya sido.
Hago una analogía, este acto equivale a que el titular de la Unidad del Instituto Nacional Electoral que fiscaliza los recursos públicos que se gastan en las campañas políticas, aceptara un reconocimiento de uno de los partidos políticos. No importa lo independiente, imparcial y objetivo que haya sido al realizar su trabajo, ese simple hecho, desacreditaría sus resultados.
Señalo que, de acuerdo con un medio de comunicación, la Universidad ha rechazado ser auditada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, utilizando como argumento que la ASF no ha encontrado irregularidades en su gasto público de 2022.
Desde que llegó David Colmenares a la ASF en 2018, se le han realizado 5 auditorías a la Universidad, revisando recursos públicos por 10,402 millones de pesos, sin que haya reportado irregularidades.
No debo omitir que en esta ceremonia estuvo presente el Subsecretario de Educación Pública Dr. Luciano Concheiro, quien, de acuerdo con filtraciones hechas públicas en medios hace dos años, le envió un oficio al Auditor Superior manifestando su desacuerdo con los resultados presentados sobre la “Evaluación de la Política Pública Educativa en el Desarrollo Económico de México”, que debía entregar la ASF el 20 de febrero de 2022. La consecuencia fue que, a unos días de tener que publicarla, la ASF la “recalendarizó”, sin que a la fecha se hayan dado a conocer sus resultados.
La conducta de los servidores públicos de la ASF no debe provocar la menor duda de que actúan con independencia, objetividad e imparcialidad. No es cuestión de que nos quieran convencer en el discurso de que así se hace, se trata de que lo demuestren en su actuación y resultados. Muchos hechos que han sido públicos demuestran lo contrario.