Continuando con las propuestas anticorrupción de las candidatas a la Presidencia de la República, corresponde analizar las que presentó Xóchitl Gálvez, en el documento “Por un México sin Miedo”. Me referiré a las que considero más relevantes.
Señala que es necesario resarcir el daño de quienes se han enriquecido con los recursos públicos, por lo que se propone perseguir de oficio aquellos casos evidentes de enriquecimiento ilícito de funcionarios y contratistas y, agilizar los mecanismos para quitar los bienes a los prestanombres de los corruptos.
Sin duda, es una buena pretensión, pero debe decirse que históricamente ha sido poco menos que imposible obtener recuperaciones ya que esto no depende únicamente de la voluntad del Ejecutivo, toda vez que también intervienen la Fiscalía General de la República (FGR), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Poder Judicial.
Asimismo, es importante conocer que los asuntos denunciados ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por delitos de hechos de corrupción han tenido menos del 2% de sanciones, lo que confirma que vivimos en un Estado de impunidad, la que a su vez, alimenta la corrupción.
Observo con agrado diversas propuestas encaminadas a garantizar la existencia y fortalecer tanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como a los organismos garantes de acceso a la información estatales, a través de legislar e implementar una Política General de Transparencia y Datos Abiertos aplicable a todas las dependencias, que permitan el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública por la sociedad, bajo principios de máxima publicidad y datos abiertos. Se propone también perfeccionar la actual Plataforma Nacional de Transparencia.
Se compromete a impulsar mecanismos que propicien la realización en tiempo y forma de los procedimientos de nombramientos de los integrantes tanto del INAI como de los órganos de transparencia locales. Es conocido que el INAI funciona actualmente con únicamente cuatro comisionados, sin que se haya nombrado a los tres faltantes, en un intento de debilitamiento.
En materia de Fiscalización de recursos públicos se propone llevar a cabo la reconstrucción y renovación del sistema de auditoría pública, vigilancia del presupuesto y de responsabilidades administrativas, tanto a nivel federal como local, reforzada a programas sociales y la actualización permanente de los padrones de beneficiarios. Asimismo, se pretende establecer, con el apoyo de las nuevas tecnologías, un novedoso sistema de trazabilidad de todos los recursos públicos a fin de rastrearlos y transparentarlos, lo que sin duda facilitará su fiscalización.
Me aventuro a interpretar, a riesgo de equivocarme, que la propuesta anterior incluye revisar el marco de actuación tanto de la ASF -que tan pobres resultados entrega actualmente-, como de la Secretaría de la Función Pública (SFP), únicos entes en México que realizan actividades de fiscalización de recursos públicos federales que pueden identificar irregularidades en su manejo y generar acciones para su sanción.
En relación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se pretende revisar su funcionamiento para promover su fortalecimiento y renovación, lo que contempla reforzar la comunicación e intercambio de información entre las instancias integrantes del Comité Coordinador, así como, con el Comité de Participación Ciudadana.
Lamentablemente, este Sistema no ha dado los resultados en materia de combate a la corrupción e impunidad que esperaba la ciudadanía ya que ha sido ignorado y en consecuencia debilitado, principalmente desde la ASF, órgano que no ha asumido sus responsabilidades legales; sin embargo, coincido en que debe permanecer, revisarse y fortalecerse.
En materia de Contrataciones Públicas da a conocer que las adjudicaciones directas en los contratos gubernamentales serán la excepción, y no la norma. Que la regla general será siempre la licitación y los concursos públicos, precisando que no se permitirá el mal uso del argumento de la seguridad nacional para proteger la corrupción y que no se podrá reservar aquella información que pueda implicar actos de corrupción en las obras públicas del gobierno.
En materia de Participación Ciudadana, se buscará el apoyo e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en los trabajos y evaluación de la Administración Pública Federal, y en los procedimientos de designaciones públicas. Propone vigilancia ciudadana permanente en el actuar público. Debo reconocer que la participación ciudadana ha sido muy limitada en la vigilancia de la gestión pública.
En materia de Denuncias de casos de corrupción, se propone crear ámbitos seguros y eficaces con la ciudadanía para fomentar la denuncia anónima y la aportación de pruebas o testimonios.
Las propuestas presentadas por las dos candidatas sin duda suman al combate a la corrupción e impunidad, pero de nada servirán si no existe una verdadera voluntad de atacar estos flagelos. Los mexicanos no merecemos instituciones a modo que revisan el uso de los recursos públicos. Ni debe perdonarse a cercanos, por mucho que se les aprecie, cuando sus actos revelan un probable manejo irregular de recursos públicos e impedir que enfrenten los procesos legales correspondientes que determinen su situación, ya que son precisamente estas acciones las que provocan en la ciudadanía la duda, muy justificada, de que efectivamente hay un combate a la corrupción e impunidad.
Experto en fiscalización y presidente del OSNA
Twitter: @gldubernard @CPCSNA
