Las candidatas a la Presidencia de la República han dado a conocer sus propuestas para combatir la corrupción e impunidad. Por cuestión de espacio me ocuparé primeramente en las que presentó Claudia Sheinbaum, contenidas en el documento “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”. En mi próxima columna, haré lo propio con las de Xóchitl Gálvez. Me centraré en las que considero más importantes.
El combate a la corrupción e impunidad no debe tener partido y debe ser tema prioritario de atención de ambas candidatas ya que se ha fracasado durante décadas en su contención y sanción.
La candidata Claudia Sheinbaum propone reconocer en la Constitución el derecho a una buena administración pública y a vivir sin corrupción. Lo anterior implica admitir el fracaso para atender estos dos grandes problemas. En su lado positivo, es reconocer la obligación del Estado para darles atención, por lo que acompaña las siguientes propuestas.
Se propone un acuerdo social y colectivo para que los distintos órdenes y poderes de gobierno, asuman compromisos para resolver la corrupción y combatir la impunidad, en un entorno de coordinación.
Debo señalar que esta propuesta concuerda con el objetivo primario del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuya Ley General señala que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, entidades federativas, municipios y alcaldías, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Propone la creación de una Agencia Federal Anticorrupción, dependiente del Ejecutivo, que nacería de asumir algunas funciones actuales de la SFP, utilizando parte de su estructura -la que está a cargo de las responsabilidades administrativas- y su presupuesto, por lo que su creación no tendría impacto presupuestal.
No observo en el documento alguna facultad adicional para la Agencia, que no esté contemplada en el reglamento interior de la SFP, pero se precisa que sería una dependencia “altamente especializada”, dotada de las mayores herramientas de investigación y capacidades, ya que se cuidará la selección y profesionalización de perfiles especializados.
En este contexto, la Agencia sancionaría a servidores públicos que cometan faltas administrativas no graves; asimismo, sancionaría a licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y obras. También realizaría las actividades de investigación y substanciación de faltas administrativas graves, para ser presentadas y en su caso, sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; las denuncias se presentarán ante la Fiscalía General de la República (FGR); como ya se viene haciendo.
Precisa el documento que esta Agencia presentaría las denuncias ante la FGR, con los elementos de prueba necesarios para evitar la impunidad en el ámbito penal. No sé cómo interpretar esta propuesta, ya que daba por un hecho, que así se venía haciendo. Agregaría, la simple presentación de una denuncia con los elementos necesarios tampoco es garantía de evitar la impunidad, ya que ésta transitará primero ante el ministerio público y finalmente ante un juez que resolverá, por lo que sale del ámbito del Ejecutivo Federal.
De acuerdo con la propuesta, la SFP continuaría ejerciendo las facultades de definir las políticas de prevención de la corrupción; la profesionalización de recursos humanos; la Gobernanza del Control Interno; la Evaluación de la Gestión Gubernamental y la política de contrataciones públicas, entre otras.
Se propone crear una Ley General que regule las contrataciones para todas las instituciones públicas, buscando realizar mejores compras, asegurar la probidad e idoneidad de los proveedores y contratistas e incrementar el porcentaje de licitaciones públicas, evitando el abuso de
los casos de excepción a éstas; así como un programa de combate a empresas fachada.
También se propone crear otra Ley General para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción, que contemple fiscalías y tribunales especializados en anticorrupción; un catálogo único de delitos y penas para tipificar adecuadamente conductas que actualmente quedan impunes; así como, reconocer como delito la simulación de contrataciones públicas.
Se propone permitir la participación ciudadana y la observación de la sociedad civil, sin precisar las vías y alcances de esta participación. Debo señalar que la participación ciudadana ya se reconoce en el SNA a través del Comité de Participación Ciudadana, aunque su presencia e impacto ha sido francamente de poca fuerza e influencia.
Señala fortalecer y poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), el cual forma parte actualmente del SNA. Debe decirse que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que copreside este sistema con la SFP prácticamente lo desapareció, al cancelar los convenios para que los órganos de fiscalización superior de los estados fiscalizaran las participaciones federales que reciben los estados y municipios, con lo que se les debilitó. Adicionalmente, se dejaron de homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización, que ayudarían a su profesionalización.
Llama la atención que no se incluye ninguna propuesta sobre revisar el marco de actuación de la ASF, ante su pobre desempeño, por la vía de proponer desde el Ejecutivo una iniciativa para modificar la Ley de Fiscalización que regula el funcionamiento de este órgano fiscalizador, para que transparente su actuar, lo vuelva eficiente y regrese los contrapesos internos y facultades a las áreas auditoras, que han sido eliminados.
Veo muy positivo, un programa de protección y beneficios a denunciantes, testigos o imputados, como existe en otros países donde ha dado muy buenos resultados; así como, reconocer a las víctimas de corrupción como sujetos procesales. En México no se denuncia por miedo a las represalias laborales e inclusive a un atentado en contra de la integridad física.
El documento no hace referencia al SNA, que contempla nuestra Carta Magna, por lo que puede inferirse que podría desaparecer; sin embargo, observo que todo lo que se propone puede implementarse en el marco jurídico del mismo, incluyendo a la nueva Agencia como integrante del Sistema. En mi opinión, el SNA no debe desaparecer, pero si requiere una profunda revisión y adecuarlo para contemplar las propuestas que se comentan.
Lo ambicioso, detallado y completo de esta propuesta deriva de un proceso amplio de consulta a diversos actores, pero confirma el fracaso de décadas para contener la corrupción y acabar con la impunidad.
En efecto, nada de lo anteriormente presentado servirá si no existe una verdadera voluntad de atacar estos flagelos. Cuando se perdona a los cercanos, cuando se les da un aval por el simple hecho de conocerlos de toda la vida y se impide que enfrenten los procesos legales que aclaren su situación, entonces, todo será parte de una trabajada escenografía para hacernos creer que hay un combate real a la corrupción pero nada cambiará.
CPC y MAP GERARDO LOZANO DUBERNARD
“Experto en fiscalización y presidente del OSNA”
Twitter: @gldubernard @CPCSNA
