Hace algunos días, se publicó una nota que señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se resiste a entregar información de Segalmex que le fue solicitada vía la Ley de Transparencia, consistente en las actas de las reuniones realizadas para analizar y aclarar las observaciones detectadas en auditorías de la cuenta pública 2021; así como, los oficios e información que le fue entregada y las minutas de las reuniones realizadas en 2022.
La nota señala que la ASF clasificó como reservada dicha información argumentando que dichos documentos forman parte del proceso de seguimiento y solventación de observaciones. También menciona que la ASF interpuso un amparo para evitar la entrega y que, a principios de octubre, una Jueza de Distrito en Materia Administrativa desechó el recurso por improcedente ya que no se puede usar para impugnar órdenes del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Posteriormente, en una conferencia de prensa, la Diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dio a conocer, que había sido ella quién solicitó la información de cuatro auditorías, dos de Segalmex, una de Diconsa y otra de Liconsa, confirmando lo señalado en esta nota.
Efectivamente, la Ley General de Transparencia señala que las resoluciones del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables; por lo que me parece de extrema gravedad haber interpuesto un amparo para negar esa información. Lo anterior, refleja una realidad y afirmaría, corresponde a una política interna, que confirma lo que se ha venido señalando, la ASF actúa en total opacidad; sin embargo, analizado este hecho junto con otros en los que ha incurrido este órgano de fiscalización que se han hecho públicos, ya nada debe sorprendernos.
Sin duda, uno de los procesos de mayor opacidad en la ASF es precisamente la etapa de aclaración de las observaciones contenidas en sus informes, que constituye la última oportunidad que tiene un ente fiscalizado para justificar el debido uso de recursos públicos. Esta etapa concluye con un pronunciamiento respecto a si se aclaró o no un asunto. Este documento representa el cierre del ciclo de la fiscalización antes de pasar a la etapa de investigación -cuando no se aclaró un asunto-, pero pese a su importancia no se publican. Es así que nunca nos vamos a enterar con qué información se dio por aclarada una observación. Más aún, los términos de lo que ahí se resuelve, no lo conocen ni las áreas auditoras que observaron las desviaciones y elaboraron los informes, se lo digo por experiencia.
Por ello, se insiste, es indispensable reformar la Ley de Fiscalización para que, entre otros muchos aspectos que es necesario modificar, establecer que estos pronunciamientos se hagan públicos y se fortalezca la transparencia de la ASF. No hay razón, para que los ciudadanos no conozcamos como se concluyó la comprobación del uso de recursos públicos federales, donde una parte quedó en un informe que es público y la otra en un pronunciamiento que no lo es, a pesar de que ambos documentos son parte y dan cuenta del proceso de fiscalización del mismo recurso.
El panorama respecto a lo que hoy podemos esperar de la ASF es, por decir lo menos, desolador y me lleva a reafirmar una vez más, que esa institución hace mucho no cumple con su mandato constitucional. La actual administración ha configurado su organización y funcionamiento de tal forma que las decisiones se centralizaron en unos cuantos y se eliminaron los pocos contrapesos que se tenían, lo que facilita servir a los intereses de ciertos grupos de poder. Más claro ni el agua.
Experto en fiscalización y presidente del OSNA
Twitter: @gldubernard @CPCSNA
