El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó a la Cámara de Diputados el último paquete de informes de resultados con los que concluyó la fiscalización de la cuenta pública del año 2022. No hubo sorpresas, más bien, se confirma el papel al que ha llevado a la institución quien la preside, al presentar los resultados más pobres, al menos desde la cuenta pública de 2007, aunque presume una cifra sin precedentes en la cobertura. Sus resultados se centran en la cantidad de auditorías practicadas, no en la calidad de la fiscalización.
Vamos a los datos. Por lo que se refiere al Gasto Federal, que es el que ejercen principalmente los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Autónomos y las Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE), en la revisión de la cuenta pública de 2019, primera cuenta pública a cargo de la actual Administración Gubernamental, realizamos 262 auditorías, donde identificamos posibles irregularidades por 44,630 millones de pesos (mdp); en contraste, para la de 2022, se practicaron 279 auditorías y se observaron únicamente 6,863 mdp. La caída es tan dramática que provoca suspicacias.
Respecto al Gasto Federalizado que se ejerce en Estados y Municipios, se realizaron 982 auditorías sobre la cuenta pública 2019, donde se identificaron posibles irregularidades por 54,771 mdp; en contraste, a la cuenta pública 2022, se le practicaron 1,762 auditorías y se observaron 22,892 mdp. Otra muy preocupante reducción.
Señaló el titular de la ASF en su discurso, como justificación a estos resultados, el fortalecimiento de la interlocución con los entes fiscalizados; entiéndase, reuniones con funcionarios públicos de “mayor experiencia”. Es conocido que en estas reuniones de “alto nivel” es donde se logran los “acuerdos” que dan por resultado aclarar asuntos de presuntos desvíos antes de presentar los informes a los diputados.
Reconoció también el gran atraso que tienen en el área de seguimiento, donde están “durmiendo” las irregularidades que podrían dar lugar a sanciones, señalando que “tenemos que acelerar, especialmente con el pasado, es algo que nos preocupa y nos ocupa y estamos haciendo modificaciones para acelerar estos resultados”.
La mención anterior, me parece muy grave, pero explica la escasa presentación de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y el enorme atraso en la promoción de responsabilidades administrativas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, manteniendo a la fecha 4,618 asuntos en investigación que ya no pudieron ser aclarados por los entes fiscalizados por 159,547 mdp, de los cuales 1,560 por 76,594 mdp, corresponden a la cuenta pública 2016, que se entregó hace más de 6 años.
Señaló también que han reducido “las observaciones que no tenían razón de ser”. Esto es una afirmación sin sustento, por lo que me referiré nuevamente a la revisión de la cuenta pública 2019 que arrojó en total posibles irregularidades por 99,401 mdp y a tres años de haberse dado a conocer estos resultados, mantienen asuntos en aclaración o investigación por 62,739 mdp, el 63%; más de dos veces lo observado en la cuenta pública 2022, sin omitir que a la fecha mantienen con este estatus 396,711 mdp, de las cuentas públicas 2016 a 2021.
La corrupción no es exclusiva de esta Administración Pública, ni afirmo que todos los servidores públicos son corruptos, más bien, son una minoría que detentan el poder decisorio sobre el ejercicio de los recursos públicos. Lo que si creo es que la ASF está metida de lleno haciendo política y baila al ritmo que le tocan, hace mucho perdió la brújula y nos quiere vender espejitos.
Experto en fiscalización y presidente del OSNA
Twitter: @gldubernard @CPCSNA