En este espacio he señalado que dos de los grandes problemas no resueltos en México son la corrupción y la impunidad, a pesar de que durante décadas las administraciones públicas en turno nos han dado a conocer a los ciudadanos distintas propuestas y programas prometiendo su erradicación.
He mencionado que la impunidad es el estado en el que se ubica un servidor público cuando las instituciones que tienen la responsabilidad de denunciar los actos de corrupción en los que hubiera incurrido, no lo hacen; o bien, habiendo denunciado éstos no son sancionados, inclusive cuando no se detectan como parte de los procesos de fiscalización a recursos públicos.
Recientemente la secretaria Raquel Buenrostro presentó en la conferencia “Mañanera del Pueblo”, los enfoques que dan lugar a la transformación de la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Como se desprende de la nueva denominación, esta Secretaría tendrá una perspectiva de anticorrupción y otra de buen gobierno, y una vez aprobada la reforma constitucional que extingue a los órganos autónomos, será la garante del derecho ciudadano al acceso a la información pública y protección de datos personales.
Señaló que el nuevo modelo pretende transitar de un enfoque correctivo a uno preventivo, buscando evitar que se realicen actos de corrupción. ¿Cómo lo hará?
Dio a conocer que el buen gobierno estará enfocado a prevenir los actos de corrupción, dignificando la carrera del servicio público. Se dará acompañamiento preventivo a los programas prioritarios y proyectos estratégicos; se trabajará en la capacitación técnica, y la formación ética y de integridad de los servidores públicos; se modernizará la administración pública federal; se consolidarán las compras públicas siendo transparentes y a precios justos; y, habrá una transparencia proactiva. Se pretende sumar a la sociedad y al sector privado en la lucha anticorrupción.
En su componente de anticorrupción, señaló que se buscará enfocar a los órganos internos de control -contralorías-, en áreas de mayor impacto y relevancia -supongo que las recién creadas y muy limitadas de atribuciones “oficinas de representación” regresarán a ser órganos internos de control-. Se pretende fortalecer la cultura de la denuncia, así como realizar investigaciones con efectos disuasivos y combatir la impunidad.
Creo que difícilmente alguien podría no estar de acuerdo con lo que se está proponiendo para esta Secretaría, lamentablemente en cada administración pública nos han dado a conocer propuestas y programas que contemplan en general las mismas estrategias, con resultados muy escasos.
En mi opinión, existe un andamiaje legal y normativo sólido y amplio construido durante décadas para la prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción; existen las instituciones que cuentan con las atribuciones, instrumentos, programas y recursos para lograr estos objetivos, pero los grandes intereses económicos y políticos alrededor de estos actos se anteponen a la justicia e impiden avanzar en estos pendientes.
Es conocido que Raquel Buenrostro es una servidora pública eficaz, al menos así lo demostró al frente del SAT, tiene por delante el reto de avanzar efectivamente en estos pendientes que se vienen arrastrando por décadas y que los ciudadanos sabemos que persisten. Mi experiencia, habiendo estado inmerso durante muchos años en actividades de fiscalización me hacen escéptico. En realidad, lo único que puede cambiar el estado de las cosas es la voluntad de que prevalezca la justicia sobre la política, los negocios y los afectos.
Experto en fiscalización y presidente del OSNA. Twitter: @gldubernard @CPCSNA