Nuestra Constitución establece como principio fundamental del Estado la separación de poderes. En este entorno, debe prevalecer el respeto, equilibrio e independencia entre éstos, incluyendo una sana cooperación recíproca dentro del ámbito de sus competencias, sin que un poder esté por encima del otro, como parte de un sistema de contrapesos que sustenta la democracia que hemos construido, la cual permite proteger a los ciudadanos de posibles abusos de autoridad, garantizar sus derechos constitucionales y convivir en un ambiente de plena libertad.
En este momento, México se encuentra inmerso en un régimen donde hay una concentración de poder en el Ejecutivo Federal, su liderazgo es incontrovertible, convirtiéndose en una especie de “suprapoder” entre los poderes. Sabemos que derivado de los resultados electorales, que les resultaron muy favorables, el partido Morena tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y prácticamente en la de Senadores, donde las minorías tendrán voz pero su voto no influirá en lo que haya decidido la mayoría, por lo que en el mes de septiembre, antes de que concluya la actual Administración Pública, se dará la aprobación de diversas reformas constitucionales, entre éstas la del Poder Judicial que, en mi opinión, constituye una injerencia que rompe el equilibrio y respeto que había existido entre poderes.
Son conocidos los enfrentamientos entre el Ejecutivo Federal y algunos integrantes de la SCJN. Uno de estos asuntos fue la negativa de los ministros de disminuir sus remuneraciones a un monto que no rebasara la establecida al Presidente de la República, aceptando una reducción del 25% a inicios de 2019 —siendo presidente de la Corte, el exministro Arturo Zaldívar—, pero el ajuste no fue suficiente.
Otro de varios asuntos, que elevó el nivel de la confrontación, ya con la ministra Norma Piña al frente de la Corte, versó sobre la pretensión de desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial. Finalmente, esta reforma extinguirá 13 de éstos por casi 17,000 millones, que se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, precisándose que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial estarán garantizados.
Muy posiblemente éstos y otros desencuentros determinaron que el Presidente propusiera, en febrero de este año, llevar a cabo una reforma integral del Poder Judicial, aprovechando de paso para deshacerse de algunos integrantes de la Corte que renunciarán y no participarán en un proceso electoral, única vía de acceso que contempla la reforma para ser ministro, magistrado o juez. Otros ministros, los menos, los veremos participar y regresarán a la Corte, le aseguro que van a ganar.
La elección por voto popular es el aspecto de la reforma que ha provocado gran rechazo, por lo que es comprensible y justificable que las personas juzgadoras estén ejerciendo su derecho a manifestarse —sumándose a su causa los demás trabajadores del Poder Judicial—, ante la muy probable pérdida de su empleo ya que para conservarlo deberán participar en un proceso de elección popular que no les garantiza su permanencia, o bien cesarán en su encargo en la misma fecha en que tomen protesta los electos, lo que tendrá un impacto en su estabilidad económica y familiar. Un panorama incierto, nada sencillo de asimilar.
No tengo la menor duda de que puede haber jueces corruptos, pero éstos debieron y deben ser investigados, sancionados y destituidos como parte de un proceso de depuración, pero, en mi opinión, no justifica desintegrar la estructura actual de juzgadores que funciona y que como todo ente, sistema o proceso es perfectible, por lo que están pagando justos por pecadores.
Tampoco defiendo los privilegios que durante años han gozado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero éstos no abarcan a todos los juzgadores, los cuales, en su mayoría, se formaron en la carrera judicial y provienen de la meritocracia.
Por su parte, la reforma tiene aspectos valiosos, como los cambios procesales para garantizar una justicia pronta y expedita; la creación de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial en sustitución del Consejo de la Judicatura e independientes de la SCJN, o la reducción del periodo de permanencia de ministros y el ajuste a sus remuneraciones, por mencionar solo algunos.
La impartición de justicia requiere muchos años de estudio, constante actualización, esfuerzo, conocimiento y vasta experiencia que se adquiere gradualmente con el ejercicio profesional dentro de la carrera judicial, por lo que la vía de elección popular no garantiza honestidad o mayor calidad en las decisiones judiciales ni que los nuevos juzgadores cuenten con los conocimientos y competencias necesarias para ejercer a cabalidad tan alta responsabilidad.
Experto en fiscalización y presidente del OSNA
Twitter: @gldubernard @CPCSNA