Hoy hago el planteamiento respecto a si se está manipulando la fiscalización que viene realizando en los últimos años la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el único propósito de no “incomodar” a través de sus actos y resultados, lo que representaría un oscuro escenario en el combate a la corrupción e impunidad en nuestro País o bien que efectivamente se está abatiendo la corrupción. En esta columna me referiré solo a algunos hechos, que le permitan arribar a alguna conclusión.
En febrero de 2022, a 9 días de la fecha límite para la entrega de la “Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México”, se “recalendarizó”, lo que implica mover a una fecha futura la presentación de sus resultados, lo que supongo, debió suceder dentro de un plazo razonable; por cierto; algo que nunca había acontecido. La causa de este movimiento, según algunos medios de comunicación, fue la inconformidad manifestada por dos subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con los resultados preliminares que les dio a conocer la ASF, a través de un documento que fue filtrado y publicado por la prensa. A 18 meses de este diferimiento, los resultados finales de esta importante Evaluación, no se han dado a conocer. Por cierto, a partir de este evento, la ASF dejó de efectuar Evaluaciones de Políticas Públicas.
Cada año se publica el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización (PAAF); la última, correspondiente a la cuenta pública 2022, se realizó el pasado 15 de marzo; históricamente la más tardía a pesar de que la fiscalización puede iniciarse a partir del primer día hábil siguiente al de cierre de la cuenta pública a fiscalizar, una vez publicado el PAAF, provocando retrasos innecesarios y presiones importantes en la ejecución de las revisiones. Hasta la administración anterior, esta publicación se realizaba en enero de cada año. El efecto de esto lo observamos en la primera entrega de informes de resultados de la cuenta pública 2022, realizada el pasado 30 de junio, en la que la ASF entregó únicamente 84 informes que incluyen 31 observaciones por 61.5 millones de pesos (mdp), también las cifras más bajas en toda la historia para una primera entrega.
La ASF señala que el número de auditorías se ha incrementado y en consecuencia el alcance y cobertura, lo cual ha sucedido únicamente en las auditorías al Gasto Federalizado al pasar de 1,332 en la cuenta pública del 2016 a 1,688 en la de 2021; sin embargo, también debe señalarse que las primeras dieron origen a 2,070 observaciones por presuntas irregularidades por 74,707 mdp y las segundas a 923 observaciones por 22,195 mdp. Por su parte, la Auditoría Especial de Cumplimento Financiero realizó 341 auditorías a la cuenta pública 2016 que dieron lugar a 645 observaciones por 37,999 mdp; en contraste, a la cuenta pública 2021 se le realizaron 269 auditorías, que dieron lugar a 378 observaciones por 8,028 mdp, reducciones significativas en número de observaciones y montos observados.
Si es válido considerar los resultados de la fiscalización que ejecuta la ASF, órgano fiscalizador más importante del país, como un indicador de medición del grado de corrupción en el uso de recursos públicos, esta importante reducción en número y monto observado por presuntas irregularidades me llevaría a dos posibles conclusiones; la primera, confiando en sus resultados, que efectivamente ha disminuido la corrupción en el País, lo que sería una muy buena noticia o la segunda, que la fiscalización superior estaría siendo manipulada para no “incomodar” con sus resultados y seguiremos sin avances en esta lucha.
