Dos importantes pendientes que deben atenderse en el país y que nos afectan a todos los mexicanos son contener la corrupción y terminar con la impunidad. A la corrupción, durante décadas, se le ha intentado combatir a través de medidas preventivas como fortalecer controles en la aplicación de los recursos públicos, la emisión de códigos de ética, el fortalecimiento de la fiscalización y mejorar la transparencia, entre otras, las que han resultado en acotar o inhibir algunos actos o actividades de corrupción, pero no ha sido suficiente. Seguimos abajo en los distintos índices de medición de la corrupción.
Debemos reconocer que no es posible terminar con la corrupción, la cual se presenta inclusive en los países más desarrollados en distinta magnitud, ya que siempre habrá individuos dispuestos a incurrir en estos actos, pero sí se debe acabar con la impunidad, como sucede en esos países, reconociendo que no es responsabilidad sólo del gobierno sino también de algunas instituciones del Estado Mexicano.
Una vez cometido un acto de corrupción, en tanto no sea sancionado, el servidor público se ubica en una situación de impunidad; ésta solo se ataca con sanciones que deriven en la pérdida de la libertad y afectaciones económicas al patrimonio, no se le puede prevenir ya que resulta de un hecho consumado. Durante décadas hemos fallado en terminar con la impunidad.
Una sanción transita desde el ente público que fiscaliza y denuncia; pasa por el ministerio público que investiga y judicializa y, finalmente, concluye en el juzgador que emite la sentencia. En cualquiera de estos tramos pueden estar involucrados otros actos de corrupción, ineficiencias o intereses de grupos políticos que influyen para evitar que se llegue a sancionar a algún poderoso servidor público.
Vayamos a los datos, recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó a la Cámara de Diputados el informe sobre la situación de las acciones promovidas con datos al 31 de marzo del 2023. Ahí se incluye el estado de las 1,160 denuncias presentadas por la ASF, en toda su historia, ante la Fiscalía General de la República, correspondientes a las cuentas públicas de 1998 a 2020.
En un análisis sobre la evolución de las denuncias presentadas hasta el año 2017, que son 906, se observa que en 248 (27.37%), se determinó el no ejercicio de la acción penal (NEAP); con sobreseimiento 12 (1.32%); en integración de la carpeta de investigación 514 (56.73%) y en reserva y archivo temporal 72 (7.94%); en conjunto, a más de 5 años de haberse presentado estas denuncias, 846 (93.37%), no han derivado en ninguna sanción. El informe señala que ya están judicializadas 19 (2.09%). Destaco que hay únicamente 11 (1.21%) consignadas; 29 (3.2%) con sentencia y 1 (0.11%) suspendida por solución alterna; es todo, en poco más de 22 años de existencia de la ASF.
Analizando las restantes 254 denuncias presentadas entre 2018 y marzo de 2023, hay 11 donde se determinó el NEAP (4.33%); con sobreseimiento 2 (0.78%); en integración de la carpeta de investigación 227 (89.37%). El informe señala que están judicializadas 10 (3.93%); concluida por reparación del daño 1 (0.39%) y suspendidas por solución alterna 3 (1.18%); aún no hay consignadas, ni con sentencia.
Las cifras son contundentes, mientras las autoridades responsables no ataquen frontalmente a la impunidad con oportunidad y eficacia, continuaremos siendo un país donde sus ciudadanos tendremos que padecer la maldita impunidad y ésta seguirá siendo el incentivo perverso de la corrupción con sus nefastas consecuencias.
Experto en fiscalización y presidente del OSNA. Twitter: @gldubernard @CPCSNA