Hay un largo camino que transita un acto de corrupción cometido por un servidor público, detectado como parte de un acto de fiscalización, buscando que sea sancionado; el tiempo que transcurre para ser denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) y para llegar ante un juez en el Poder Judicial, único que puede sancionar penalmente estos actos, por lo que le daré a conocer algunos datos que evidencian esta dilación. En este contexto, cuál es la efectividad que han tenido las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Haré lo propio respecto de las faltas administrativas graves que pueden ser sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
De acuerdo con un informe presentado por la ASF a la Cámara de Diputados con información al 31 de marzo del 2024, el órgano fiscalizador ha presentado 1,184 denuncias penales ante la FGR desde su creación en 1999. Sobre éstas, en 285 (24%) se determinó el no ejercicio de la acción penal; en 734 (62%) la carpeta de investigación se encuentra en integración; 38 (3.2%) están judicializadas, esperando sentencia y únicamente 24 tienen sentencia, de las cuales 7 fueron absolutorias. En resumen, en poco más de 23 años, únicamente en 17 (1.4%) denuncias se logró una sentencia condenatoria y sobre éstas, se han promovido 12 amparos.
Con el objeto de que usted dimensione el atraso con el que se presentan las denuncias penales, señalaría que, entre el 1º de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2024, la ASF ha presentado 45 denuncias ante la FGR, de las cuales 15 corresponden a revisiones al año 2016; 10 al año 2017; 10 al año 2018 y 10 al año 2020. Dentro de estas denuncias se encuentran 5 sobre asuntos del año 2016 que fueron presentadas el 26 de junio de 2023.
Considerando que los resultados de estas auditorías los dio a conocer la ASF en febrero de 2018, transcurrieron más de cinco años entre que la ASF dio a conocer los hechos irregulares en sus informes y éstos fueron denunciados.
Ahora bien, por lo que se refiere a la FGR, haciendo un análisis cronológico de las 734 carpetas de investigación que se encuentran en proceso de integración —según el mismo informe—, se incluyen 488 denuncias presentadas antes de abril del 2018, mostrando una antigüedad de al menos seis años en este proceso, lo que refleja la tardanza en su integración.
De acuerdo con el mismo informe, se han presentado 577 asuntos al TFJA con el propósito de sancionar faltas administrativas graves, de los cuales 477 corresponden a revisiones realizadas al año 2016; 98 al 2017 y 2 al 2018, existiendo 102 asuntos pendientes de presentarse, de los cuales 10 son de auditorías al año 2016 y 92 al año 2017; ningún asunto sobre los años 2019 —primer año de esta administración pública—, al 2022, último fiscalizado.
Igualmente, para evaluar el atraso con el que se presentan estos asuntos, le mencionaré que sobre los del año 2016, dados a conocer por la ASF en sus informes en febrero de 2018, habrán transcurrido más de 6 años para cuando se presenten al TFJA.
En conclusión, estos datos evidencian una preocupante discrepancia entre el mandato constitucional de una justicia pronta y expedita y la realidad de los procesos judiciales y administrativos en México. La considerable demora en la presentación e investigación de denuncias por actos de corrupción, tanto en el ámbito penal como administrativo, refleja una ineficiencia sistémica que socava la confianza pública y confirma la percepción de que la justicia no llega.
Experto en fiscalización y Presidente del OSNA. @gldubernard @CPCSNA
