El pasado mes de diciembre, la Comisión de la Cámara de Diputados responsable de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer diversos informes, preparados por la Unidad de Evaluación y Control (UEC), que es su órgano técnico, encargado de evaluar el desempeño de la ASF. A través de éstos, la UEC le da a conocer a la Comisión y a la ciudadanía, los resultados de su trabajo. Aquí reside la importancia de esta Unidad, ya que constituye un contrapeso externo hacia la ASF.
Los informes señalan diversos asuntos que considero de extrema gravedad, ya que limitan un efectivo combate a la corrupción e impunidad, por lo que me referiré solo a algunos, en los términos señalados en éstos.
Se menciona que en los informes de la fiscalización de la Cuenta Pública (CP) 2021, la ASF dio a conocer el menor número de asuntos donde se presumen irregularidades en el manejo de recursos públicos federales de los últimos nueve años y con el menor monto observado desde la revisión de la CP 2018. También se señala, que el número de asuntos con posibles irregularidades en la CP 2021 disminuyeron a menos de la mitad comparados con los informados en la fiscalización de la CP 2016 al pasar de 2,810 a 1,326; esta disminución equivale a una reducción en el monto observado de más de 100,000 millones de pesos (mdp).
Se describe que se observó una tendencia a la baja en la presentación de denuncias de hechos y en sus montos, así como en la emisión de otras acciones correctivas y sancionatorias, puntualizando que la ASF debe realizar mayores esfuerzos institucionales para elevar las consecuencias que la presentación de denuncias de hechos debe tener para reducir la corrupción, impunidad y discrecionalidad.
Los informes refieren que sobre las 1,178 denuncias que ha presentado la ASF ante la Fiscalía General de la República, en toda su existencia, que involucran 89,319.8 mdp, se han emitido 24 sentencias, de las cuales 17 han sido condenatorias y 7 absolutorias, lo que implica que la ASF ha logrado acciones efectivamente sancionatorias del 1.4% que, en mi opinión, retrata el nivel de impunidad existente en el país, concluyendo que las “consecuencias sancionatorias” derivadas de su labor, resultan marcadamente limitadas.
Se señala que de los 11,491 asuntos con posible irregularidad dados a conocer por la ASF de las CP 2016 a 2021, únicamente 330 han sido presentados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 309 de la CP 2016; 19 de la CP 2017 y 2 de la CP 2018, ninguno de las CP 2019 y 2020, refiriendo la poca eficacia de su actuación a fin de contribuir de manera más eficaz y tangible en el cumplimiento de sus responsabilidades en el combate a la corrupción e impunidad. De estos asuntos el 81% no han tenido una resolución final, ya que 5,165 siguen en aclaración y 4,169 en investigación; es decir, asuntos que ya no fueron aclarados por los entes fiscalizados. Estos últimos incluyen 1,617 asuntos de la CP 2016, los cuales, en mi opinión, podrían estar prescritos.
Se precisa una tendencia a la baja en la ejecución de Auditorías de Desempeño y que la CP 2021 fue la primera donde la ASF no llevó a cabo Estudios y Evaluaciones de Políticas Públicas, siendo que entre las CP del 2016 a 2020 se realizaron 50. Al respecto, recordemos que la Evaluación de la Política Pública Educativa en el Desarrollo Económico de México se recalendarizó en febrero de 2021, a la fecha no se han presentado sus resultados y desde entonces se dejaron de realizar.
Sin lugar a dudas, los informes de la UEC nos vienen a confirmar que la fiscalización superior está a la baja.
