Hace unos días escuché una entrevista que le realizaron a David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde señaló que “hemos logrado incrementar el número de auditorías”, respecto a las que se realizaban cuando asumió la titularidad de dicho órgano fiscalizador.
Vamos a las cifras del Sistema Público de Consulta de la ASF y, me referiré en este análisis, únicamente a los pliegos de observaciones (PO), que de acuerdo con el art. 49 de la Ley de Fiscalización, son las acciones que presenta la ASF en los informes de resultados cuando se “acreditan afectaciones” a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, que pudieran dar lugar a denuncias penales, en caso de no ser aclarados.
En la última cuenta pública fiscalizada a cargo del anterior Auditor Superior Juan Manuel Portal, la de 2016, la Auditoría Especial de Cumplimento Financiero realizó 341 auditorías que dieron lugar a 645 PO por 37,999 millones de pesos (mdp). En contraste, en la última cuenta pública fiscalizada totalmente y reportada a la Cámara de Diputados, la de 2021, realizó 269 auditorías, que dieron lugar a 378 PO por 8,028 mdp, lo que evidencia una disminución de 72 auditorías, de 267 PO y de 29,971 mdp, en el monto implicado.
Por lo que se refiere a la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, se practicaron 1,332 auditorías sobre la cuenta pública 2016, que dieron lugar a 2,070 PO por 74,707 mdp. En contraste, en la cuenta pública 2021, realizó 1,688 auditorías que dieron lugar a 923 PO por 22,195 mdp. Si bien, hubo un incremento de 356 auditorías, es significativa la reducción en 1,147 PO y de 52,512 mdp, en el monto implicado.
Respecto a la primera entrega de informes de la cuenta pública 2022, efectuada el pasado 30 de junio, la ASF entregó 84 informes que incluyen 31 PO por 61.5 mdp, sí, leyó usted bien. En contraste, en la primera entrega de la cuenta pública 2016, se presentaron 428 informes que incluyeron 606 PO por un monto de 22,642 mdp, lo que significa que se registró una reducción de 344 auditorías, de 575 PO y de 22,580 mdp, en el monto implicado.
Les doy un dato relevante, la Ley de Fiscalización permite iniciar las auditorías desde el primer día hábil siguiente al de cierre de la cuenta pública a fiscalizar; es decir, en enero, siempre y cuando el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización (PAAF) se haya publicado, aclarando que los resultados finales deberán referirse a la cuenta pública en revisión, que normalmente se entrega a finales de abril de cada año; pero ¿sabe usted cuándo se publicó el PAAF de la cuenta pública 2022?, hasta el 15 de marzo del 2023, ¿es legal? sí, ya que no hay fecha límite para hacerlo; sin embargo, refleja un gran desconocimiento del proceso de ejecución de la fiscalización, provocando retrasos importantes.
Como antecedentes, les comparto que los PAAF correspondientes a las cuentas públicas de 2016 a 2018 se publicaron en enero del año siguiente, mientras que los de las cuentas públicas 2019 a 2021, en febrero, de manera que no hay antecedente en la ASF de la publicación de un PAAF de forma tan tardía como el de la cuenta pública 2022, ni de resultados tan pobres en una primera entrega.
Lo anterior, como lo he venido señalando, es resultado de que el titular de la ASF no tiene límites ni contrapesos, centraliza todas las decisiones, por lo que a mí no me sorprenden estos resultados ni otros asuntos que se han hecho públicos que han dañado la confianza de los ciudadanos en la institución. Finalmente, parece que ahí todo es anecdótico; pero quitarle dos meses a la fiscalización, me parece imperdonable.
