Ante el inminente cambio de titular del Ejecutivo Federal, le corresponderá a Xóchitl Gálvez o a Claudia Sheinbaum —si realmente tienen la voluntad de combatir la corrupción e impunidad—, poner atención, obligadamente, en la única institución de este país —no hay otra—, que cuenta con el marco jurídico más amplio y los recursos para identificar hechos de corrupción que puedan ser denunciados, para su sanción; me refiero a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hoy entregada y limitada por los grandes intereses políticos.
No perdamos de vista el reciente cese autoritario e infundado que realizó el titular de la ASF al Auditor Especial de Desempeño Agustín Caso Raphael, por “pérdida de la confianza”, quien, a través de una carta nos dio a conocer su cese e hizo públicas una serie de irregularidades que ponen en evidencia la opacidad, manipulación y autoritarismo con que se maneja la institución y la fiscalización que, en lo general, coinciden con lo que he venido denunciando en diversos medios. Este no es un hecho aislado, es uno más de los muchos que han sido públicos que reflejan la captura de la institución por parte de su titular —de eso ya no hay duda—, quien cuida sus propios intereses, buscando muy probablemente, su reelección por ocho años más, lo que podría suceder a finales del próximo año; de conseguirlo, créame, sería una tragedia para México.
Hace poco más de dos años y medio renuncié a la ASF, siendo el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, por no estar de acuerdo con los cambios realizados por su titular al reglamento interior, sin tener la más elemental cortesía de consultarlos con quienes fungíamos en un segundo nivel de mando y responsables directos de la fiscalización, en otro acto de autoritarismo, reflejo de su estilo de dirigir.
Estos cambios, recordemos, extinguieron los escasos contrapesos internos existentes como fue eliminar el Consejo de Dirección y la Auditoría Interna; así como, quitarle a las áreas que realizan las auditorías las atribuciones para elaborar denuncias penales, convirtiéndolas en simples maquiladoras de auditorías y concentrar las decisiones de los asuntos que se aclaran, investigan y denuncian en él y en otro Auditor Especial, quien, por cierto, es titular de un área que no realiza las auditorías.
Si bien, la ASF no es un órgano constitucionalmente autónomo, ya que es un órgano técnico de la Cámara de Diputados, de “facto” lo es, ya que goza de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y organización interna y si se le compara con la mayoría de los órganos autónomos, estos cuentan con un diseño organizacional donde las decisiones se toman de forma colegiada, como garantía para evitar la concentración excesiva de poder de sus titulares con lo que se evitan decisiones unilaterales, así como tentaciones autoritarias —como las que hemos venido observando en la ASF—, buscando garantizar el cumplimiento efectivo y eficiente de su objetivos.
La captura que hoy presenta la ASF únicamente podrá ser revertida a través de una iniciativa que presente la próxima titular del Ejecutivo Federal para modificar la Ley de Fiscalización, que derive de un proceso de consulta abierta con especialistas en la materia, que elimine la excesiva concentración de poder en su titular; que establezca contrapesos internos y contemple decisiones colegiadas; donde se transparenten todos los procesos que implica la fiscalización y que se proteja a las áreas auditoras de que los resultados de su trabajo se darán a conocer sin ningún tipo de intromisión o presión para modificarlos. ¿Habrá voluntad?
