Por primera vez en la historia, la responsabilidad de gobernar este país recaerá en una mujer, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Le deseo mucho éxito y espero que sus decisiones estén guiadas por el debido asesoramiento y escuchando todas las voces de la sociedad en beneficio del pueblo de México. En este contexto, el combate a la corrupción e impunidad, en buena medida, dependerán de su voluntad.
El documento “100 pasos para la Transformación” incluye una propuesta que señala “Fortalecer la capacidad de seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación para que las acciones que emita generen cambios en las instituciones públicas”.
Si bien, estoy de acuerdo con esta propuesta, las acciones que emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF), también deben derivar en la preparación de los instrumentos que puedan dar lugar a sanciones por el uso indebido de recursos públicos federales tanto administrativas como penales, lo que, actualmente, no ha venido sucediendo en unos casos, o bien, se realiza con un atraso considerable en otros. De lo contrario, continuaremos viviendo en un Estado de impunidad que genera más corrupción.
Mi atenta sugerencia a la Dra. Claudia Sheinbaum es que, debe hacerse una revisión integral del funcionamiento actual de la ASF, la cual, ha sido capturada por los intereses de su titular. Comparto tres antecedentes que justifican la misma.
El primero data de noviembre de 2021, cuando derivado de los cambios realizados por el Auditor Superior al Reglamento Interior de la Institución, advertí a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, siendo aún el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, sobre los riesgos de la desaparición de los pocos contrapesos internos que existían en la institución como eran el Consejo de Dirección y la Unidad de Auditoría Interna, así como la eliminación de atribuciones a las Unidades Auditoras para elaborar denuncias penales, convirtiéndolas en simples maquiladoras de auditorías, concentrándose las decisiones de los asuntos que se aclaran, investigan y denuncian en el Auditor Superior y un Auditor Especial que no hace auditorías.
El segundo sucedió a inicios del pasado mes de abril, el exauditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, hizo público su cese —por cierto, un juez le otorgó una suspensión definitiva—, señalando que la ASF ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización, “lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión”, precisando que “si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece”. Destacó que la integración del programa anual de auditorías se ha vuelto una suerte de “autocensura”, pues no se permite incorporar los temas de relevancia nacional y advierte la intromisión en los enfoques, alcances y los resultados de las auditorías que son sujetos a una revisión que “no es técnica”, y que tiene el propósito de espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional.
El tercer antecedente está relacionado con los diversos informes que presentó el pasado mes de diciembre la Unidad de Evaluación y Control (UEC), responsable de evaluar el desempeño de la ASF, órgano técnico de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados donde señala que en los informes de las revisiones realizadas al año 2021, la ASF dio a conocer el menor número de asuntos donde se presumen irregularidades en el manejo de recursos públicos federales de los últimos nueve años y con el menor monto observado desde la revisión al año 2018. Se describe que se observó una tendencia a la baja en la presentación de denuncias de hechos y en sus montos, así como en la emisión de otras acciones correctivas y sancionatorias, puntualizando que la ASF debe realizar mayores esfuerzos institucionales para elevar las consecuencias que la presentación de denuncias penales debe tener para reducir la corrupción, impunidad y discrecionalidad. Se precisa una tendencia a la baja en la ejecución de Auditorías de Desempeño y que en la fiscalización al año 2021, la ASF no llevó a cabo Estudios y Evaluaciones de Políticas Públicas. Sobre los años del 2016 a 2020, se realizaron 50.
Les comparto solo una raya del tigre. De los 577 asuntos remitidos por la ASF al Tribunal Federal de Justicia Administrativa al 31 de marzo del 2024, con posible irregularidad 477 corresponden a revisiones del año 2016; 98 al 2017 y 2 al 2018; manteniendo, a la fecha, en su área de investigación 1,555 asuntos del año 2017 y 816 del 2018. Respecto de las denuncias penales presentadas entre el 1 de enero de 2023 a la fecha, son 45, de las cuales 35 corresponden a los años 2016 al 2018 y 10 al año 2020. Este es el nivel de atraso que presenta la ASF.
Una Auditoría Superior alineada a cuidar los intereses de una parte de la clase política de todos los partidos, no le conviene a México ni a quien esté al frente del Ejecutivo Federal. En la voluntad de la Dra. Sheinbaum de combatir la corrupción e impunidad está el proponer los cambios a la Ley de Fiscalización que permitan contar con un órgano de fiscalización superior objetivo, imparcial, eficiente, técnico y transparente. Habemus Presidenta.
Experto en fiscalización y Presidente del OSNA
Twitter: @gldubernard @CPCSNA