El pasado 12 de julio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización (PAAF) de la cuenta pública 2022 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el cual contempla 11 auditorías forenses. Más de cinco meses de fiscalización perdidos de haberse incluido en un PAAF que normalmente se publicaba en enero de cada año, como sucedió hasta el correspondiente a la cuenta pública 2018, momento en que pueden iniciarse las auditorías.
Como se ha mencionado en diversos medios, las auditorias forenses habían presentado un importante descenso de 15 realizadas para la cuenta pública de 2016; a 12 para la de 2017, primera del actual Auditor Superior; a 15 para la de 2018; a 9 para la de 2019; a 6 para la de 2020, donde por cierto a partir de esta cuenta pública dejaron de publicarse en el PAAF inicial, 7 para la de 2021 y ahora 11 para la de 2022, los señalamientos tuvieron su efecto.
Respecto a las 7 auditorías forenses realizadas a la cuenta pública 2021, debe señalarse que se dieron de alta en el PAAF tres a CFE publicadas en el DOF hasta agosto de 2022 y cuyos resultados no presentaron ninguna observación; una de éstas sobre un monto a fiscalizar de 24.8 millones de pesos, poco importante para una auditoría forense y sin ningún resultado.
Por lo que corresponde a las 11 auditorías forenses a la cuenta publica 2022, se incluye una a Segalmex, otra a Diconsa y una más a la Conade, tres entes públicos que es de todos conocido que reiteradamente han estado envueltas en irregularidades, inclusive hay interpuestas denuncias penales en el caso de la primera, por lo que no se requiere ser un especialista en fiscalización, ya que el simple sentido común señalaba que debieron haber sido incluidas en el PAAF inicial, el cual históricamente ha sido el presentado por la ASF de forma más tardía, el pasado 15 de marzo. Todos estos retrasos crean la duda razonable de si éste fue consensado.
También se incluye en el PAAF una auditoría al Infonavit, que nuevamente debe señalarse, aún están pendientes de presentar los informes de resultados correspondientes a las cuentas públicas 2017 y 2018, que al momento de escribir esta columna no están en el Sistema Público de Consulta de la ASF.
Aquí comentaría en descargo de quien me sustituyó en la Auditoría Especial y de la Directora General de Auditoría Forense, que ellas no deciden; lo vengo señalando, el Auditor Superior centraliza todas las decisiones, todas. Él decidió que a partir de la cuenta pública 2020 las auditorías forenses ya no se incluyeran en el PAAF inicial a pesar de haberse identificado oportunamente un paquete de éstas, así funciona hoy la ASF; lo puedo demostrar, no, porque a sus subordinados, como lo fui yo durante más de tres años, se les tiene prohibido enviarle oficios o cualquier comunicado por escrito que deje evidencia de la toma de decisiones o delimitación de responsabilidades, simplemente no hay tales; es la norma no escrita al interior de la ASF, lo que llamaría un ambiente de obediencia ciega.
Leía recientemente que con estas auditorías forenses la ASF se reivindica, no coincido, las más de éstas tienen una programación tardía considerando sus antecedentes, habrá que esperar los resultados, mientras tanto que no insulten la inteligencia de quienes sí nos hemos dedicado por años a actividades de fiscalización, auditoría, control y combate a la corrupción y valoramos la oportunidad en la fiscalización.