Dos de los grandes pendientes que deben atenderse en el país son combatir la corrupción y acabar con la impunidad, lo cual ha sido un compromiso incumplido de todos los gobiernos en turno; desde la “renovación moral” impulsada por Miguel de la Madrid en 1982, pasando por los “peces gordos” no atrapados de Vicente Fox en el 2000 y las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, que sin corresponder exactamente a su propuesta, cristalizó hasta julio de 2016, en medio de una administración envuelta en escándalos de corrupción, con el nacimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que generó enormes expectativas ya que se contemplaba por primera vez la participación ciudadana a través de un Comité, siendo su presidente a su vez presidente del Comité Coordinador, en el cual participan los titulares de la Secretaria de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de laeraFedción (ASF), el INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Anticorrupción; un ciudadano y seis instituciones del Estado Mexicano, que supondría una verdadera coordinación entre éstas, contemplando también esquemas estatales similares al Nacional, con el reto de combatir la corrupción y en consecuencia la impunidad.
Siendo realistas, a más de 5 años de instalado el primer Comité Coordinador observamos con decepción que el SNA no ha transitado por buen camino y que hoy enfrenta muchos obstáculos, entre los más importantes, la falta de voluntad de algunos de sus integrantes para coordinarse entre sí y que, a decir verdad, sus titulares responden a los intereses de los grupos políticos que los pusieron por la vía de sus designaciones; el Sistema Nacional de Fiscalización, que también forma parte del SNA presidido tanto por la ASF como por la SFP dejó de sesionar hace mucho a pesar de la obligación por Ley de hacerlo cada seis meses, misma que les establece importantes responsabilidades que han sido incumplidas, reconociendo en justicia que no por falta de interés de esta última institución. Debo mencionar que éstas son las dos únicas instituciones del SNA que pueden presentar denuncias tanto penales como por responsabilidades administrativas graves, derivado de sus atribuciones para fiscalizar recursos públicos, por lo que son las responsables de que las irregularidades detectadas puedan dar lugar a sanciones, por lo que los ciudadanos debemos ejercer mayor vigilancia sobre éstas, evaluando sus resultados. Señalaría también que el ciudadano, que es presidente del Comité Coordinado, no tiene fuerza frente a los otros seis integrantes, sus recomendaciones no son vinculantes y no tienen atribuciones para conocer a detalle la gestión de las seis instituciones. Agregaría que, si bien el andamiaje institucional y jurídico existe, otro elemento que ha impedido la materialización de un sistema de coordinación y más aún de colaboración institucional es que en este país la política ha estado por encima de la justicia y mientras esta ecuación no cambie, la batalla estará perdida y conoceremos, si acaso, de uno que otro charal sancionado.
Experto en Fiscalización y presidente del OSNA
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