El pasado 9 de abril, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, cesó de sus funciones como Auditor Especial de Desempeño a Agustín Caso Raphael, uno de los cuatro Auditores Especiales que conforman el segundo nivel de la ASF, siendo ésta la segunda salida de un servidor público de ese nivel en poco más de dos años que fue acompañada con una carta que revela el autoritarismo, opacidad, intromisión y la manipulación de la fiscalización por parte del titular.
La primera carta la presenté a inicios de noviembre de 2021 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, poco antes de mi renuncia, donde alerté sobre los riesgos de la desaparición de los pocos contrapesos internos que existían como eran el Consejo de Dirección y la Unidad de Auditoría Interna; así como, la eliminación de atribuciones a las Unidades Auditoras para denunciar penalmente.
La carta de Caso debe ser analizada con profundidad, ya que se trata de una denuncia pública que debe generar mucha preocupación y mayor interés de la ciudadanía en darle seguimiento a lo que acontece en esta institución, ya que confirma la captura de la ASF por parte de su titular. Me referiré a algunos de sus párrafos.
Menciona Caso que la ASF ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización, “lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión”. La razón es que se limita el desarrollo normal del trabajo técnico profesional de los auditores o se modifican sus resultados.
Cita que, “si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece”. Como ya lo he dado a conocer, se refiere a la baja que Caso no autorizó de la “Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México” a nueve días de su entrega a la Cámara de Diputados, para no hacerla del conocimiento ciudadano, ya que fue público que dos subsecretarios de la SEP se molestaron con los resultados.
Destaca también que la integración del programa anual de auditorías se ha vuelto una suerte de “autocensura”, pues no se permite incorporar los temas de relevancia nacional. Aquí destaco que se busca que las auditorías que se programen no resulten incómodas. Me he referido en este espacio a auditorías forenses de relleno, irrelevantes y que no llegaron a ningún resultado.
Advierte la intromisión en los enfoques, alcances y los resultados de las auditorías que son sujetos a una revisión que “no es técnica”, y que tiene el propósito de espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional. Entiéndase que hay, quienes, sin pertenecer a su área, revisan los informes, eliminando cualquier redacción que pueda resultar incómoda a los entes fiscalizados, por lo que no conoceremos los resultados a los que llegaron originalmente estos equipos.
Acusa el abandono de los principios de autonomía e imparcialidad porque existe la aspiración claramente ponderada en estos días de "hacer política", lo que es incompatible con la responsabilidad de dirigir la ASF. Esta es una acusación muy grave porque el encargo de Auditor Superior constitucionalmente permite reelección, lo que se convierte en un incentivo perverso, ya que el actual, podría ser designado por ocho años más y haber alineado las funciones institucionales hacia ese objetivo.
La ASF ha sido capturada por su titular, lo que le permite y facilita beneficiar tanto a una clase política que lo protege como a sus propios intereses. El caso Caso es muy revelador y viene a confirmar lo que he venido señalando desde mi renuncia hace más de dos años.
