El pasado 31 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó el segundo paquete de informes de la fiscalización de la cuenta pública (CP) 2022. Como lo he venido señalando, los resultados que presenta desde la fiscalización de la CP 2020, han venido a la baja tanto en el número de posibles irregularidades detectadas como en su monto y esta entrega no fue la excepción.
Las dos unidades auditoras que pueden incluir en sus informes posibles irregularidades en el uso de recursos públicos federales, Gasto Federalizado y Cumplimiento Financiero, entregaron 654 informes, mismos que incluyen 513 de estos asuntos por un monto de 5,019 millones de pesos (mdp); algo similar aconteció con la CP 2021 con 506 asuntos por 7,693 mdp. En contraste, los informes de la segunda entrega de la CP 2017 incluyeron 635 asuntos por 11,257 mdp; los de la CP 2018, 987 por 19,543 mdp y los de la CP 2019, 566 por 22,999 mdp.
En mi opinión, en su mensaje a los diputados, el Auditor Superior justifica esta importante reducción en los resultados, argumentando que se le ha dado prioridad a “la función preventiva de la institución”, lo que “se ha traducido en que se reduzcan las observaciones que no tenían razón de ser” y que a partir de la revisión de la CP 2021 la “visión de fiscalización” se ha modificado “para hacer conciencia en los entes fiscalizados de la importancia de las revisiones y sus implicaciones, conceptos que muchas veces por recaer en funcionarios públicos de menor nivel no son comprendidos en toda su dimensión” y que por esa razón se reúnen con los titulares de las dependencias y entidades “quienes han nombrado a funcionarios públicos de mayor experiencia” para la aclaración de lo observado, “evitando así las acciones de presuntos desvíos” que antes se atendían en el proceso de seguimiento.
Adicionalmente, reconoció que las presuntas responsabilidades administrativas han disminuido “en tanto la curva de aprendizaje de los servidores públicos ha crecido”.
Tengo claro que es precisamente en las reuniones de alto nivel, con los titulares de las dependencias y entidades, donde se logran los acuerdos que dan por resultado aclarar asuntos antes de la presentación de los informes a los diputados, quitándole así también cargas de trabajo a la Auditoría Especial que da seguimiento a los asuntos observados, área que se convirtió en un embudo.
Respecto a las observaciones que, señala el Auditor Superior, “no tenían razón de ser”, la pregunta que nos debemos hacer es, por qué la ASF mantiene, a la fecha, en aclaración e investigación 254,434 mdp que son asuntos de la CP 2017 a la CP 2019, si es que éstos no tenían razón de ser, monto equivalente al 76% de los 333,270 mdp, incluidos en los informes de resultados; es decir, únicamente se ha aclarado el 24% de este monto. Debo señalar, que por el tiempo transcurrido estos asuntos ya representan irregularidades en el manejo de recursos públicos. Entonces, a cuáles observaciones se referirá el Auditor Superior que bajo esta nueva “visión de fiscalización” ya no llegan a los informes finales. Saque usted sus conclusiones.
Quién hubiera pensado, que a través de “el despertar de las conciencias de los servidores públicos” que se atribuye la actual administración de la ASF, era como la corrupción, medida a través de los resultados que últimamente nos presenta, se podía reducir de forma tan repentina. En este contexto, mi reflexión es, si estamos en presencia de una nueva “visión de fiscalización” sumado a qué “la curva de aprendizaje de los servidores públicos ha crecido”; o bien, dicho órgano fiscalizador nos está dando atole con el dedo.