El lamentable episodio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia viene a poner en evidencia algo que ya venía sucediendo en México desde hace algunos años por diversos motivos, primero que nada, políticos y luego dizque solidarios y supuestamente humanitarios: el abandono del rigor en todos órdenes, desde los políticos, los laborales y hasta los académicos y, lo más grave, los legales.
Si nunca nos hemos distinguido por nuestro apego a las leyes, tal parece que mientras avanzamos en el sentido correcto no tardamos en revertir lo logrado. En los procesos democráticos es en donde, hoy por hoy, es más claro: ante el logro indiscutible de la creación de un órgano electoral confiable y con credibilidad (el IFE/INE), hoy vemos cómo, quienes más beneficiados han sido por él, hoy se empeñan en destruirlo por su afán de hacer cumplir las leyes y reglamentos que le dieron razón de ser.
En el terreno de la educación, y usando como pretexto la desigualdad social, hemos ido bajando los niveles al eliminar las pruebas y exámenes de admisión a instituciones de educación superior hasta llegar a la absurda propuesta de no calificar y dar por aprobados a todos los alumnos en automático. Es correcto que se reconozca que no todos estudian en las mismas condiciones, pero lo que debe hacerse es proporcionar a todos los mismos instrumentos de los que disponen quienes disfrutan de una mejor situación y no disminuir los requisitos que exige el conocimiento de una disciplina.
En este contexto sucede que una persona cuya autoría de su tesis de licenciatura ha sido puesta más que en duda, llegue a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia y que a un sector de la sociedad no le parezca gravísimo, incluso justificándolo como un “error de juventud”.
Y es que realidad la verdadera y mayor transformación que México necesita es convertirse en un auténtico Estado de Derecho y dar cumplimiento a ello, incluso en los detalles que parezcan insignificantes y por supuesto en temas mayores. Si tal estado existiera y se cumpliera, incluso nuestros mayores problemas: la desigualdad, la concentración de la riqueza y por ende la corrupción, encontrarían una vía de solución firme y permanente más allá de la retórica y la demagogia política que casi siempre acaban en desilusiones y frustraciones sociales e individuales.
No es que crea en el poder mágico y automático de las leyes para normar y conducir la conducta humana. Sé que la experiencia histórica nos demuestra lo contario: lo frágil e iluso de ese camino, pero sí estoy convencido de que crear y observar ciertas reglas mínimas de convivencia aceptadas por todos es la mejor fórmula a nuestro alcance de lograr una mejor existencia humana.
Es por ello que con esta convicción y en el contexto actual de México, ante la situación que ha planteado el abuso y el engaño de una destacada política, exalumna universitaria, al haberse graduado con un trabajo en gran parte ajeno a ella, considero que la respuesta de las autoridades universitarias y, en particular, del Rector Enrique Graue ante esta situación, es la correcta y la mejor posible dadas las circunstancias antes descritas.
Efectivamente, me parece que ante el desprecio y la poca valoración que el poder político y amplios sectores sociales tienen frente a la Ley, hoy más que nunca los que creemos en la Ley debemos apegarnos a ella con el mayor rigor posible a fin de reafirmar su validez como el mejor camino para resolver los diferendos individuales y sociales. La Universidad como institución debe ser ejemplar en ello. No solo porque no puede permitirse un equívoco al responder con la rapidez y la precipitación que demandan muchas voces interesadas y otras de buena fe, sino porque, al apegarse a la Ley, la Universidad ratificar su congruencia con los principios que la sustenta y que le dan razón de existir ante la sociedad.
Con la elemental y primitiva respuesta de actuar igual que los otros, sin rigor alguno, superficialmente y con el inmediatismo del discurso político fácil, estaremos colocándonos en la espiral que ha llevado a la sociedad mexicana a la descomposición social que parece amenazarle actualmente.
Ante quienes desprecian las leyes y las convicciones éticas con su conducta, la única respuesta posible es la Ley misma y la firmeza de convicciones y principios.
Todo el apoyo a la UNAM y sus autoridades.
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