El domingo pasado, dentro de la manifestación-mitin organizada con motivo de un aniversario más de los acontecimientos de la Plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, el “Comité 68” por la voz de Félix Hernández Gamundi, (La Jornada, 3 de octubre), uno de los exlíderes más destacados de dicho movimiento, se pronunció de la siguiente manera: “La libertad y la democracia no se pueden lograr en medio de un proceso de militarización generalizada de la vida pública nacional”.
No podría ser de otra manera, si a alguna generación le ha tocado vivir en los últimos tiempos una pésima experiencia con la intervención del ejército en asuntos de la sociedad civil, esta fue precisamente la de los años 60, época en la que prácticamente la mayoría de las universidades de este país y en muchos otros experimentaron la interpretación de los militare s acerca de lo que debiera ser el orden público y cómo imponerlo.
Hoy se dice a manera de justificación de aquellas conductas que los soldados “sólo obedecían órdenes”, lo mismo que solían decir los militares nazis juzgados en Núremberg.
Nadie pretende equiparar el holocausto nazi con la represión estudiantil de los 60 pero sí muestran los extremos a los que se puede llegar, sobre todo en el clima de intolerancia como el que entonces se vivía y que asomó este domingo pasado ante la presencia de la periodista Denise Dresser en el mitin.
Si uno busca en la historia reciente de México las causas profundas del movimiento estudiantil, se va a encontrar con que están ligadas a ausencia de libertades políticas y de expresión que prevalecían en México en esa época y que daban lugar a un clima de autoritarismo y exclusión en nuestra vida pública.
El reclamo profundo de los jóvenes tenía que ver con una exigencia de libertades y la ausencia de una vida democrática y de participación política que el sistema político les negaba.
La historia de los últimos 60 años de México en la historia de la conquista de la democracia y las libertades, de la apropiación por parte de la sociedad civil de los procesos electorales y del ejercicio pleno de la libertad de expresión en todos los órdenes.
Como bien se dice, los movimientos estudiantiles de esa época fueron movimientos “libertarios”. No hay nada más contrario a ello que la “militarización” de partes importantes de los asuntos públicos. La función militar como parte de su propia lógica, indispensable para el cumplimiento de sus funciones, es lo más ajeno que existe a un clima libertario y, por supuesto, mucho menos en una sociedad que apenas está construyendo un estado de derecho. El cumplimiento estricto de órdenes y reglamentos es su característica esencial, no la discusión y el cuestionamiento, la pluralidad propios de la vida democrática.
La incapacidad de nuestros gobiernos por crear policías profesionales y de otorgarles las herramientas necesarias para el cumplimiento de su función, no puede ser el pretexto para buscar la solución más cómoda en una institución como el ejército.
Debemos estar conscientes, por supuesto de que a corto plazo no es posible que el ejército abandone las calles y la lucha contra el crimen organizado, pero hay estados que lo han logrado: Nuevo León, Yucatán y la misma Ciudad de México ha avanzado mucho en los últimos tiempos en estas tareas, pero de ahí a elevar a rango constitucional e indefinida esa presencia hay mucha distancia.
En hora buena que el espíritu del 68 siga vivo en muchos de nosotros y que no nos vayamos con el espejismo de orden y la disciplina que nos quisieron imponer el 2 de octubre en Tlatelolco desde el poder y contra el que desde entonces hemos luchado. El poder político es siempre el poder político.
Lamentablemente todo parece indicar que ya a estas fechas quienes han optado por esta vía, que no solución, están a punto de lograrlo gracias al miedo y a la inseguridad en que vive una gran parte de nuestra sociedad y a la complicidad de clase política responsable de los acontecimientos de Tlatelolco en 68 y la incapacidad de los supuestos “nuevos” protagonistas del escenario político.
Tendremos que apelar a los avances y logros democráticos que se han logrado desde aquellos tiempos para limitar las nefastas consecuencias negativas de estas decisiones.
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