Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el año 2030 habría 5 mil millones de personas sin acceso a los servicios de salud. Esto, a menos de que los gobiernos multipliquen esfuerzos para alcanzar la cobertura universal. En México el reto es mayor: mientras la Constitución contempla ahora este derecho humano de una forma más amplia, en la práctica el sector público de salud vive una de sus mayores crisis en la provisión de servicios de calidad a toda la población.
Por una parte, la reforma constitucional fue acompañada del rediseño institucional que creó el INSABI —ahora extinto a sólo 3 años de su fundación— y que subestimó el impacto de la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020. México no fue la excepción: la pandemia incluso colapsó algunos de los sistemas de salud más sólidos del mundo.
Durante la emergencia sanitaria, el doctor Hugo López-Gatell menospreció la importancia de la prevención, de la veracidad de la información y de la comunicación responsable. ¿El resultado? Estudios serios nos ubican entre los países con el mayor número de pacientes y profesionales fallecidos por Covid-19. Estamos obligados a aprender las lecciones de la gestión de la pandemia.
Las enfermedades no transmisibles (ENT) se han convertido en uno de los mayores problemas para la salud: cada año cobran la vida de 41 millones de personas, lo que equivale al 74% de todas las muertes a nivel mundial (OMS). Las ENT suelen ser de larga duración y son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento.
Si bien estas enfermedades suelen asociarse con la edad avanzada, la realidad es que cada año mueren 17 millones de personas menores de 70 años por estas causas. Es decir, son muertes que pudieran prevenirse con mejores prácticas gubernamentales, comunitarias y personales. Como ejemplos están el consumo de tabaco, sodio y alcohol, así como la insuficiente actividad física. En conjunto, estos factores producen alrededor de 14 millones de defunciones anuales, con datos de la OMS.
En México, la Secretaría de Salud ha minimizado la importancia de los gobiernos locales para lograr el pleno acceso a los servicios de salud. Es un contrasentido, porque los municipios y estados son indispensables en el desarrollo de un modelo efectivo de atención primaria, el cual permita detección y monitoreo oportunos, con soluciones adecuadas y tratamientos necesarios.
El 90% de los servicios esenciales de salud —incluyendo prevención y tratamiento para las ENT— podría desarrollarse a través de la atención primaria, y así evitar casi el 80% de las muertes cada año, aunado al sufrimiento que genera a las familias mexicanas.
México, además, debe dejar de ver la salud a partir de una agenda centralizada que demanda ahorros indiscriminadamente, cuando es la prevención la que traería grandes ahorros en el mediano plazo. El acceso a la salud es un derecho humano —no un privilegio— y por tanto, debe erradicarse la percepción de que se trata de gastos cuando en realidad es una inversión en el bienestar y el futuro de toda nuestra sociedad.