Año con año, dentro de México miles de personas dejan atrás a las comunidades en las que han vivido porque son obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse a algún otro lugar de la República. Sin vivienda, sin estabilidad económica, sin seguridad, y sin acceso a sistemas de salud, la adversidad termina por convertirse en un elemento recurrente de sus vidas. La violencia generalizada que ha prevalecido en nuestro país, aunada a los desastres naturales lleva a que cada vez más personas tengan que dejarlo todo, y es especialmente grave cuando se trata de jóvenes, niñas, y niños.
Para quienes se encuentran en estas circunstancias, existen estándares de protección especial que deben atender las autoridades competentes: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Estos principios están pensados para garantizar los derechos humanos de los desplazados internos e imponen la obligación a las autoridades de prevenir el desplazamiento y facilitar una solución duradera para los desplazados. También deben recibir atención durante el desplazamiento, como servicios médicos, asistencia humanitaria, o alimentos y agua potable, e incluso las autoridades deben buscar reunir a las familias separadas por el desplazamiento. Pero el marco normativo mexicano aún no es adecuado para atender las necesidades de las personas en este sentido.
Una atención integral a las necesidades de los desplazados internos requiere de la participación de todos los niveles de gobierno, y para ello es necesaria una ley general, pero México aún no cuenta con una. Un avance significativo está en la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Atender y reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, ya que fue aprobada el año anterior en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la minuta aún se encuentra en las comisiones del Senado de la República . Más allá de esto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala la existencia de algunas referencias al desplazamiento interno en la Ley General de Víctimas y la Ley de Asistencia Social, pero aun así persiste la falta de una regulación desde el orden federal que brinde certeza a las personas en esta situación.
Mientras la laguna legislativa continúa, más personas se encuentran en situaciones de desplazamiento interno. Para el año 2020, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno reportó que la situación de inseguridad en el país provocó un total de 9,700 desplazamientos, alcanzando un total de 357,000 personas que se encuentran en esa situación desde 2006. Por otro lado, los desastres naturales también provocaron 101,000 desplazamientos en México en el año anterior. Sin la regulación con la que las autoridades competentes puedan y estén obligadas a responder a sus necesidades, todas estas personas se encontrarán en condiciones de vulnerabilidad cada vez peores, e incluso podrían tener que desplazarse de manera forzosa en más ocasiones.
La situación agravada de los desplazados internos merece una respuesta integral por parte del Estado. No es suficiente lo que, desde el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como una respuesta fragmentada . Sin la legislación que establezca la responsabilidad gubernamental de brindarles la protección especial que requieren y que proporcione los mecanismos para hacer valer los derechos humanos de los desplazados, prevalecerán la indefensión y la vulnerabilidad.
