La pandemia nos ha llevado a cuestionar hasta qué grado son incluyentes nuestras sociedades. Para que esto fuera cierto, habría que contar con sistemas de salud que pudieran cubrir las necesidades sanitarias de todas las personas, indistintamente de su situación económica. Pero la realidad es otra. Desafortunadamente, en el caso de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, el dinero ha sido la diferencia entre vivir o morir. Si lo que buscamos son sociedades incluyentes, entonces tenemos que centrarnos en priorizar la cobertura sanitaria universal.
Si persiste la inacción en lo que respecta a los compromisos adquiridos en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en la Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal del 2019, el número de personas sin posibilidad alguna de contar con acceso a atención médica de calidad podría ascender a 5,000 millones a nivel global para el año 2030. Solo al lograr la cobertura sanitaria universal pondremos un futuro próspero y una vida plena al alcance de las generaciones más jóvenes; de lo contrario, les dejaremos un mundo en el que la situación económica condicione el bienestar de las personas.
En ese sentido, la alianza sanitaria internacional por la Cobertura Sanitaria Universal 2030 (CSU2030, o UHC2030 por sus siglas en inglés) es un movimiento que busca alcanzar metas muy ambiciosas, pero necesarias. Parte de los esfuerzos van orientados a aumentar la inversión en salud pública y en atención primaria de salud y, de concretarse, pueden traducirse en beneficios tangibles para nuestras sociedades. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que incrementar la capacidad para la atención primaria de salud puede salvar 100 millones de vidas y agregar 3.7 años a la esperanza media de vida para 2030.
Cumplir con las metas de UHC2030 también constituiría un paso adelante en universalizar el derecho a la salud y eliminar las limitaciones económicas que frenan el acceso a los servicios de salud efectivos. Estas limitaciones orillan a las familias a decidir entre atender sus enfermedades o perder su patrimonio y estabilidad económica, dado que cada año 100 millones de personas caen en la pobreza por cubrir gastos incurridos al recibir atención médica.
Por otro lado, para las personas cuyo acceso a la atención médica está directamente ligado a su situación de empleo, las consecuencias económicas de la Covid-19 pueden restringir gravemente el ejercicio del derecho a la salud. En este contexto, hay que subrayar que en octubre de 2020 la ONU reportaba una pérdida de 500 millones de empleos y 375,000 millones de dólares mensuales a nivel global como consecuencia de la pandemia,
Es por esto que uno de los objetivos específicos de UHC2030 es acelerar el progreso con respecto al indicador 3.8.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3: reducir la proporción de la población que se ve obligada a destinar una parte considerable del ingreso familiar a cubrir gastos médicos. Esta meta es especialmente importante para que dejemos atrás ese dilema entre salud y economía al que tienen que enfrentarse millones de personas cada año. Para no dejar a nadie atrás, hay que consolidar sistemas de salud pública resilientes y accesibles.
