Debemos aprender muchas lecciones tras casi 2 años de la pandemia. Tenemos que analizar los aciertos y errores en las políticas públicas, las falsas y ridículas creencias como aquella de rociar a las personas con desinfectante, la información equivocada sobre posibles tratamientos, las buenas y malas decisiones hasta en nuestros hábitos personales.
Hemos atravesado un largo camino desde aquellos meses en que se afirmaba que el virus no se transmitía de persona a persona. Sin embargo, muy poco se ha analizado el impacto de la pandemia en nuestras democracias y en nuestros derechos humanos.
Las primeras restricciones que impusieron algunos gobiernos se limitaban a cerrar sus fronteras e imponer estrictos confinamientos; en algunos países sus gobiernos utilizaron la tecnología para monitorear los movimientos y la salud de sus habitantes. Cuando esto empezó a suceder, también comenzaron algunos debates sobre las restricciones de las libertades. En general podríamos afirmar que las medidas restrictivas serían aceptables por la población si tienen fundamento constitucional y científico, y son implementadas de forma universal y temporal, para lograr un beneficio comunitario.
La situación ha escalado, se ven protestas y movilizaciones en todos los continentes del mundo, la confianza en las vacunas tiende a disminuir y la gente está agotada de encierros y limitaciones. Del lado más radical se escuchan los discursos políticos que toman a la ciencia como rehén y niegan la eficacia de las vacunas, y hasta en los grupos más moderados hay desconfianza por una larga lista de preguntas sobre el origen de la pandemia.
Dos casos resultan complejos para analizar porque abren debates muy interesantes sobre los diseños constitucionales, los poderes del estado y las limitaciones o violaciones a los derechos humanos. Para efectos de este análisis aclaro que me he vacunado y que aquí cuestiono las decisiones gubernamentales, no la eficacia de las vacunas.
En Australia decidieron cerrar fronteras a un grado no observado en algún otro país. La medida dejó a miles de australianos que se encontraban fuera de su país sin poder regresar a casa por casi dos años. Mientras la inmensa mayoría de los gobiernos hicieron grandes esfuerzos para llevar de vuelta a su gente, Australia le cerró las puertas a sus ciudadanos. ¿Podríamos imaginar que a los mexicanos varados en otras latitudes se les hubiera negado el retorno a su propio país?
Austria por su parte, ha sido el primer país en confinar de manera obligatoria a todos los no vacunados y a forzar la vacunación a partir de febrero. Pocos días después de anunciarse esta medida que no funcionó para disminuir contagios, Austria entrará en un nuevo confinamiento total a partir del lunes.
El caso austriaco abre serios cuestionamientos constitucionales y políticos. ¿Puede el Estado obligar a la población a vacunarse a pesar de que esas vacunas tuvieron autorizaciones de emergencia y no contaron con los procesos exhaustivos que se exigen en otros casos? ¿Cómo podría reparar el daño el Estado en caso de que la aplicación de las vacunas tuviera consecuencias en la salud de las personas, por ejemplo, en los efectos secundarios que algunas han presentado? ¿Por qué puede el gobierno decidir en el cuerpo de las personas?
Tal vez es momento de que entendamos que la política no se hace contagiando miedo a la población, se hace con liderazgo, ciencia y eficacia. Ojalá la pandemia no sea el pretexto de los autoritarios para restringir aún más las libertades ciudadanas.
