Daniel Ortega
asumió por quinta ocasión el cargo de Presidente de Nicaragua en medio de una importante condena internacional. Las críticas más relevantes se han centrado en la persecución a los medios de comunicación y a los candidatos opositores, pero la realidad es que desde 2016 el régimen sandinista destituyó a 28 diputados (16 principales y 12 suplentes) del Partido Liberal Independiente.
En 2018 se desataron protestas en todo el país que terminaron con más de 300 muertos, 2 mil heridos y cientos de personas detenidas. La Policía Nacional tuvo serias acusaciones de represión y violaciones a derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) documentó al menos 777 detenciones en el contexto de esa represión. De acuerdo con la organización Human Rights Watch , muchas de estas personas fueron sometidas a torturas y otros maltratos como descargas eléctricas, golpizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual .
Durante el 2019, a pesar de que existían negociaciones entre la oposición y el gobierno, continuaron las represiones, muertes y detenciones. En ese mismo año entró en vigor una amnistía que abarcó los delitos cometidos durante las protestas. Si bien muchos de los detenidos fueron finalmente liberados, no se investigaron los abusos y delitos cometidos por las autoridades nicaragüenses.
Distintos organismos y organizaciones internacionales han manifestado su rechazo a lo que ha sucedido en Nicaragua. El comunicado de la Unión Europea es claro al referirse al proceso electoral más reciente: “(Ortega) eliminó toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes” y convirtiendo virtualmente al país en un régimen “autocrático”.
La elección en Nicaragua no contó con candidatos de oposición porque todos se encontraban en la cárcel o en el exilio. Y es en este contexto que el día 10 de enero inició un nuevo periodo de gobierno teniendo una vez más a su esposa como Vicepresidenta.
Para las ceremonias de inicio de mandatos generalmente se invita a representaciones diplomáticas y desde luego a jefes de estado y de gobierno. El evento en Nicaragua no fue la excepción y el Gobierno de México debía decidir si participaría o no en esta ceremonia.
Muchas discusiones de política exterior en México terminan con el argumento del principio de no intervención establecido en el artículo 89, fracción X de nuestra Constitución. Es decir, México cierra los ojos ante graves violaciones a derechos humanos para “no intervenir” en otro país. Pero la realidad es que la misma Constitución , en el mismo artículo y fracción, también establece como principios la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias, y cabe subrayar, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, entre otros.
El Gobierno de México decidió finalmente que sí hubiera representación de nuestro país en el cambio de mando de Ortega considerando que el principio de no intervención prevalece en la política exterior. ¿Qué hubiera pasado si México no mandaba representante? Nada. Intervenir significa involucrarse en los asuntos internos de otro país. No se le pide al Gobierno que México invada o intervenga en Nicaragua, pero sí se le puede pedir que no legitime al dictador. ¿Nos hubiera gustado que el proceso electoral mexicano del 2018 se llevara a cabo bajo las reglas y prácticas de Ortega? Las ideologías no pueden estar por encima de los derechos humanos. No neguemos al pueblo nicaragüense las libertades que aquí tanto valoramos.
