Tras más de dos años de pandemia, podríamos esperar que gobiernos, empresas y sociedad civil estuvieran más conscientes y comprometidos en alcanzar una verdadera cobertura universal de salud. Si no fortalecemos los sistemas de salud y los volvemos realmente incluyentes, para el año 2030 habrá 5 mil millones de personas sin acceso a estos servicios indispensables.
La pandemia evidenció y exacerbó las múltiples desigualdades que aún condenan a millones de personas al sufrimiento. Una de ellas ha sido las enormes diferencias en el acceso a la salud entre hombres y mujeres.
El Índice global de salud de mujeres elaborado por Hologic y Gallup (The Hologic Global Women’s Health Index), reporta que si bien la tasa de mortalidad materna disminuyó un 38% entre los años 2000 y 2017, el uso de anticonceptivos ha incrementado de forma lenta y desigual. De acuerdo con la misma publicación, el 61% —o más de 1,500 millones de mujeres— no tuvieron prueba alguna en el último año para detección de las enfermedades más peligrosas que enfrentamos las mujeres; sólo 1 de cada 3 tuvieron una medición de presión arterial, sólo 12% reportaron haber tenido alguna prueba relacionada con cáncer y sólo 1 de cada 5 (19%) tuvieron una prueba de diabetes.
Para las mujeres que trabajan en el sector salud también existen enormes retos. Mientras que las mujeres son el 70% de las personas que combaten la pandemia, sólo tienen el 25% de los cargos de liderazgo en las organizaciones de salud según informan los comunicados de Mujeres en la salud global (Women in Global Health). Esto repercute no sólo en la forma en la que se toman las decisiones sino también en los resultados. Las mujeres combatieron al covid-19 con equipos de protección diseñados para cuerpos de hombres (en los casos en los que se contaba con equipo médico), recibieron menor salario en comparación con sus colegas varones, y en muchos casos tuvieron que hacerse cargo de las labores de sus hogares además de su complicado trabajo.
El primer paso para alcanzar una plena inclusión es reformar los sistemas legales. De acuerdo con ONU Mujeres, más de 2.5 mil millones de mujeres y niñas siguen sufriendo discriminación desde las leyes o por la falta de protección en ellas. Es terrible que en pleno siglo XXI aún existan graves retrocesos como negar el acceso a la educación en Afganistán, las prácticas de mutilación genital en varios países, la discriminación contra las mujeres en el derecho a la propiedad o en el acceso a los servicios financieros.
Por parte de los legisladores también es indispensable la transformación de los presupuestos nacionales. El instrumento de política pública más importante de un país es precisamente su presupuesto, ahí se definen prioridades, objetivos y los medios para alcanzarlos. Sin presupuestos suficientes, que además tengan visión de género, será imposible alcanzar la cobertura sanitaria universal, y será el dinero lo que decida quién vive o muere.
Los gobiernos tienen que traducir esas legislaciones en realidades. Nos hemos acostumbrado a celebrar los largos catálogos de derechos establecidos en las leyes, a los que después es imposible acceder.
Es urgente que los gobiernos incluyan a más mujeres en los cargos de decisión en el sector salud —y sin duda en toda la esfera pública—, y que cada paso se haga pensando en los millones de mujeres que salvaron nuestras vidas durante la pandemia y que de alguna forma nos siguen salvando todos los días.
