El estallamiento de protestas sociales alrededor del mundo es un síntoma de que la política tradicional se encuentra debilitada; representan un claro mensaje de los ciudadanos que no encuentran más voz que la propia y la manifiestan en las calles.
En todas las latitudes, desde el Congo, Hong Kong, Líbano, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Francia y España, el reclamo es masivo, quieren un cambio en las estructuras de poder, un cambio en las políticas públicas. El mensaje es evidente: el hartazgo de la creciente desigualdad y la exigencia de un mejor presente y futuro en una clara demanda por la inclusión.
En los últimos años hemos podido constatar un resurgimiento de la capacidad transformadora de la sociedad civil, no solo en América Latina, sino en el mundo en general. Los ciudadanos cada vez son más críticos de la realidad que vivimos y buscan acelerar la capacidad de respuesta del sistema político. La ciudadanía ha tomado un papel primordial, más consciente de sus derechos y más dispuesto a la participación pública.
El cuestionamiento entonces recae en los representantes de esas sociedades, especialmente en los parlamentos y poderes legislativos. ¿Qué estamos haciendo bien y en qué estamos fallando? ¿Cómo utilizar las nuevas herramientas de comunicación para generar un modelo de representación política más incluyente?
El problema que debemos enfrentar con toda sinceridad es que es casi imposible pensar en gobernar en pleno siglo XXI con instituciones que fueron diseñadas hace siglos y que sólo han experimentado pequeñas modificaciones.
La responsabilidad que tienen los parlamentos y los parlamentarios toma mayor relevancia y trascendencia que nunca, pues somos nosotros quienes debemos diseñar las nuevas instituciones, los nuevos modelos de gobernanza que permitan un mejor diálogo ciudadano —más representativo y más incluyente— al mismo tiempo que también generen espacios más democráticos y gobiernos respetuosos y promotores de los derechos humanos en una época donde las tentaciones autoritarias y populistas regresan fortalecidos a la escena pública.
En general, las demandas sociales exigen más inclusión, combatir la desigualdad y acabar con la corrupción. Estas demandas que parecieran elementales para cualquier programa de gobierno, hoy representan uno de los más grandes desafíos para muchos gobiernos. Esta generación tiene la posibilidad de rediseñar la política, de generar instituciones —desde lo local a la gobernanza global— más transparentes, con mayor rendición de cuentas, con mejor capacidad de respuesta, en síntesis, de diseñar nuevos modelos que vuelvan a poner a la persona al centro de las decisiones utilizando las nuevas herramientas del siglo XXI.
Diputada federal y presidenta de la Unión Interparlamentaria
