Se equivocan quienes apuestan por la división en el proceso interno de Morena para elegir a quien le representará en la elección presidencial de 2024. Los acuerdos muestran reglas claras, al mismo tiempo que fijan interesantes incentivos para que los competidores cumplan sus compromisos. La coalición Morena-PT-PVEM ha aprendido de las lecciones del pasado y no se dividirá al menos durante el próximo año; sin embargo, esa unidad traerá importantes costos políticos al próximo gobierno federal.
Andrés Manuel López Obrador siempre criticó el diseño de tribus que secuestró al PRD. Él fue víctima de sus negociaciones opacas y jaloneos que le regateaban apoyo a pesar de su enorme popularidad. Años después, ya como líder de Morena, López Obrador enfatizaba su desprecio por la creación de tribus que dividieran al movimiento. A pesar de ello, es innegable que en Morena existen grupos políticos —tal vez de manera más informal que en el PRD— a partir de afinidades y proyectos electorales que se reflejaron, por ejemplo, en las constantes disputas en el Senado. El proceso interno indudablemente acentuará esas definiciones entre los distintos grupos de apoyo a las denominadas “corcholatas”.
Insisto, bajo este diseño se garantiza que Morena no sufra fracturas internas al menos en el próximo proceso electoral federal. Ahora bien, si a estos acuerdos le añadimos el posible “juego de las sillas” que se ha comentado —en el que quienes no ganen la encuesta para dirigir la “defensa de la 4T” serán designados como coordinadores parlamentarios o incluso como secretario de Gobernación— podría desarrollarse un escenario donde la próxima presidencia de la República enfrente dificultades para negociar con el Congreso. No por la presencia de una oposición fortalecida, sino por los cálculos personales al interior de su propia coalición. Es decir, mientras el presidente López Obrador y sus proyectos son respaldados constantemente por sus coordinadores parlamentarios y gobernadores, la siguiente presidencia podría enfrentar un enorme desgaste en su relación con quienes debieran ser sus aliados, pero que en realidad emanan de un proceso de competencia que inició con serias confrontaciones entre sus aspirantes. Más aún si AMLO, como expresidente, encuentra legítimas resistencias para mantener el ascendente político sobre ellos.
Las consecuencias de este diseño son relevantes para México. Del lado del Senado, la coalición Morena-PT-PVEM puede alcanzar una mayoría si consideramos que en 2024 gobernarán 23 entidades federativas —cuando hace apenas 6 años se consolidaba Morena como un partido político— y si analizamos la fórmula de asignación de escaños de representación proporcional que corresponde a la Cámara Alta. El Senado decide encargos públicos clave como a los ministros de la Suprema Corte, la Junta de Gobierno del Banco Central de México, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus embajadores, entre muchos otros.
Por otro lado, aunque la Cámara de Diputados pudiera tener una composición más plural derivada del tope a la sobrerrepresentación que establece la Constitución, el gobierno estaría obligado a negociar tanto con sus coordinadores, como con la oposición temas cruciales como es el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Al integrar el proceso de revocación de mandato de 2027 a este complejo escenario de gobernabilidad al interior de la coalición, se entiende con mayor razón la necesidad de mantener unida a la Cuarta Transformación, un movimiento que gana elecciones convocando a una muy diversa mayoría ciudadana y que deberá gobernar integrando y manteniendo la disciplina de esa misma pluralidad interna.
