Desde hace más de un año, niños, niñas y jóvenes se han tenido que enfrentar a condiciones de adversidad cada vez más graves, lo que les ha impedido llevar plenamente la etapa formativa de sus vidas. Para las generaciones más jóvenes, la magnitud de los rezagos en términos de su educación, nutrición y salud ha llegado a un grado tal que la UNICEF señala que estamos ante el riesgo de una generación perdida si las tendencias continúan. Más grave aún es el hecho de que, en el caso de México, la niñez y la juventud tienen que sobrellevar condiciones de violencia y desprotección ante el crimen organizado como parte de sus vidas diarias.
La vulneración de sus derechos humanos ya ha derivado en un contexto preocupante para ellos desde hace varios años. Por ejemplo, si consideramos el Índice Estatal de Riesgo de violencia asociada con el crimen organizado con impacto en niñas, niños y adolescentes de la CNDH del 2018, cinco estados presentaban un riesgo medio de violencia en ese sentido, ocho tenían un riesgo alto, y cuatro se encontraban en un riesgo muy alto. Es decir, la niñez y la juventud mexicana están inmersas en entornos violentos en más de la mitad de las entidades federativas de nuestro país.
Lamentablemente, ese riesgo ha tenido incidencia directa en el bienestar y la seguridad de miles de menores de edad mexicanos. Según la Red de los Derechos de la Infancia en México, en 2019, cada día había cuatro desapariciones y tres asesinatos de niñas, niños y adolescentes, y alrededor de 30 mil adolescentes cayeron en el reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado las vulnerabilidades de niñas, niños y adolescentes cuando las organizaciones criminales están presentes, como ocurre en varias zonas de México: son sujetos a abusos, amenazas y presiones para colaborar con ellas, o bien hay adolescentes que buscan integrarse a las actividades delictivas, a menudo con un grave riesgo para su integridad y desarrollo personales.
Ningún niño, niña ni adolescente debería de ver a la violencia o al crimen como un elemento normal de sus vidas. El derecho a una vida libre de violencia está reconocido plenamente en nuestra Constitución, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Convención de los Derechos de los Niños. Sin embargo, ese derecho es transgredido día con día y un número considerable de mexicanas y mexicanos menores de edad se ven obligados a vivir en contextos de violencia generalizada.
Tal y como ha ocurrido con otros desafíos que hoy enfrentamos, la situación de la niñez y la adolescencia en México será más precaria como consecuencia de la pandemia, lo que reducirá cada vez más la posibilidad de que las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos tengan a su alcance una vida plena, libre y próspera. Que no queden en letra muerta los compromisos y las obligaciones del Estado mexicano con nuestras niñas, niños y adolescentes: por un mejor futuro, el Estado mexicano debe de garantizar la protección efectiva de sus derechos humanos.
