La globalización nos ha llevado a una competencia mucho más agresiva entre las empresas, pero también entre países que han iniciado intensas campañas para atraer inversiones que se traduzcan en crecimiento económico, empleos de mejor calidad y en bienestar para la gente. Para ello, muchos gobiernos han desarrollado estrategias de zonas francas, áreas con menor regulación (en algunas sólo consideran importante cumplir la legislación penal), con mejores plataformas logísticas, y redes de tratados comerciales que reducen los costos y brindan la certeza legal necesaria.
Desde hace años México ha olvidado la importancia de la inversión como un motor del crecimiento. Podemos hacer una larga lista de las condiciones que inhiben la llegada de más inversiones a nuestro país, pero en esta ocasión quiero centrarme en una tarea sencilla que podemos pedir a nuestros gobiernos: la necesaria y urgente simplificación administrativa.
Datos del reporte Doing Business del Banco Mundial colocan a México en el lugar 60 entre 190 economías midiendo la facilitación para hacer negocios. De 2018 a 2019 nuestro país retrocedió 6 lugares en este estudio porque disminuyó su calificación en los indicadores de apertura de empresas, obtención de electricidad, registro público de la propiedad, pago de impuestos, resolución de insolvencia, obtención de crédito y comercio transfronterizo.
Del lado nacional, e incluso desde la política local, no es sencillo abordar esta problemática. Necesitamos inversión para lograr un mejor desarrollo y bienestar, pero existen cuestionamientos sociales sobre el uso de los recursos naturales, incentivos fiscales y transparencia de los permisos. Los gobiernos se ven en medio de tensiones que a menudo tienen implicaciones políticas complejas.
Para las comunidades es fundamental contar con reglas claras que den certeza sobre protección civil, medio ambiente y desarrollo urbano, y procesos de decisión inclusivos y transparentes. En la Delegación Miguel Hidalgo logramos implementar en 2007 un Centro de Negocios con estas características: transparencia, facilitación de servicios y certeza legal.
México tiene que mejorar su marco regulatorio si queremos ser más competitivos en el mundo y atraer más inversiones. El primer paso debe ser un análisis técnico de la actual regulación, es decir, un primer momento para escuchar a quienes aplican las normas. A ello debe seguir un proceso de consulta pública, un espacio de democratización de las propuestas donde quienes sufren el exceso de trámites y la falta de servicios puedan opinar y ser considerados para hacer la vida de los ciudadanos más sencilla. El procesamiento político de una simplificación administrativa debiera ser sencillo si es verdaderamente transparente e incluyente. Se trata de una reforma legal y administrativa que nos permitiría contar con información accesible, procedimientos claros y transparentes, y evitar la corrupción.
Existen experiencias internacionales de las que México pudiera beneficiarse. Estonia es un referente global en digitalización e implementación de buenas prácticas de gobierno electrónico, y Georgia puede resolver trámites en menos de 2 minutos y colocó más de 400 servicios públicos bajo el mismo techo en las Salas de Servicio Público.
México tiene un enorme potencial para atraer más inversiones de numerosas industrias, sólo tenemos que contar con mejores reglas e incentivos, y hacer las campañas publicitarias necesarias para mostrar el enorme talento de los mexicanos.
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