Mucho se ha hablado de lo histórica que será la elección que tendrá lugar en junio para México. Ciertamente, la importancia no es menor: el electorado mexicano acudirá a las urnas a votar por más de 20 mil cargos de elección popular, y también se definirá la composición de la Cámara de Diputados para la segunda mitad del sexenio. A los votantes de nuestra joven democracia les corresponde una decisión que definirá el rumbo del país mientras atravesamos los considerables e inéditos desafíos que ha representado la pandemia por más de un año.
Pero algo no anda bien en una democracia cuando el derecho a votar queda sin ejercerse.
Esa ha sido la tendencia para las elecciones intermedias como la que tendremos la próxima semana. Si bien la elección del 2018 se caracterizó por un alto nivel de participación ciudadana, lo mismo no ha sido cierto para las elecciones intermedias que han tenido lugar más recientemente en México. Los datos nos muestran que menos de la mitad de la población ha salido a votar cuando la presidencia no está en juego. Como ejemplo, están las elecciones del 2009 y 2015.
En el 2009, el porcentaje de participación ciudadana ascendió a un total de alrededor de 34 millones de votos, o el 44.76% de la lista nominal. En 2015 la participación fue comparablemente baja: alrededor de 39 millones de votos, o un 47.62% de la lista nominal. Estos porcentajes son relativamente bajos: en un reporte sobre participación electoral publicado en 2016, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus cifras en inglés) señaló que el promedio global de participación electoral entre 2011 y 2015 fue de 66%.
Seamos claros: el abstencionismo electoral va más allá de un simple no querer ir a salir a votar y quedarse en la comodidad de la casa. Por el contrario, la abstención debe de tomarse como una señal de deficiencias en el sistema democrático. En primer lugar, debe señalarse que difícilmente puede prosperar un espíritu democrático participativo en un contexto en el que —hasta ahora— 89 candidatos y aspirantes han sido asesinados. No es aceptable que la violencia política haya imperado hasta un punto en el que la pérdida de la vida se ha convertido en una parte habitual del proceso electoral.
Por otro lado, el espíritu democrático va de la mano con auténticos espacios de participación ciudadana en los procesos políticos, y que permitan tomar decisiones que respondan efectivamente a las demandas de la ciudadanía. A final de cuentas, es a ella a quien todos los cargos públicos deben de entregar resultados. Pero si existe una distancia entre la decisión que todos los votantes toman en las urnas y la auténtica representación de sus intereses y exigencias en los ayuntamientos, alcaldías, legislaturas, y gobernaturas, serán escasas las posibilidades de una participación ciudadana comprometida en los procesos electorales correspondientes.
La democracia no debe tomarse como dada. Solo se ha logrado después de innumerables sacrificios y varias décadas en las que la exclusión de la mayoría de las personas era la norma. No aceptemos que el triunfo del abstencionismo sea el legado de todas las luchas que hicieron del voto un derecho universal. La responsabilidad por atender esa insatisfacción con la democracia que se ha vuelto tan generalizada en el mundo recae en quienes, desde sus cargos públicos, pueden trabajar por un México más equitativo e incluyente. Si no es así, la democracia no sobrevivirá.
