Con el avance en las campañas de vacunación, cada vez más se habla del empleo de los llamados “pasaportes de vacunación COVID-19”, o certificados de vacunación, con los cuáles una persona podría acreditar que ha recibido la vacuna y quedaría exenta de restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. En EE. UU. e Israel, estos certificados ya se usan para la entrada a gimnasios, estadios, restaurantes, u otros lugares públicos. Varios países están considerando exigirlos para los viajeros y facilitar la movilidad internacional de las personas que ya estén vacunadas.
Sin embargo, aún hay muchas preguntas sin respuestas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que aún no hay evidencia definitiva que nos permita afirmar que la vacunación impida completamente el contagio, de manera que cabe la posibilidad de que quienes tengan el certificado aún pongan en riesgo a otras personas. Además, todavía no hay certeza sobre la duración de la inmunidad que otorgan las distintas vacunas, o incluso si una inyección de refuerzo será necesaria en el futuro.
Por otro lado, los certificados solo serían “útiles” en la medida en que la proporción de personas no vacunadas sea mayor. En un escenario en el que la equidad fuera una realidad y que una mayoría -si no es que todas- de las personas estuvieran vacunadas, habría una menor necesidad de recurrir a los certificados para evitar que los traslados internacionales sean un factor de riesgo. Ahí está la clave: lo que se debería priorizar en este contexto es la vacunación, no la implementación de medidas que solamente terminen por beneficiar a unos cuantos.
Aún y cuando la globalización traía consigo la promesa de un mundo más interconectado, la movilidad de las personas a través de las fronteras nacionales ha sido limitada, especialmente para la mayoría de los países en desarrollo. Esto se refleja en el Índice Henley de Pasaportes, que demuestra con claridad la existencia una brecha en la movilidad internacional. El índice ordena a cada pasaporte nacional según la cantidad de países que no les imponen el requisito de tramitar una visa con anterioridad. La brecha existe sencillamente porque hay pasaportes que abren muchas más puertas a países que otros, con la ampliación de oportunidades profesionales y decisiones de vida que esto conlleva para sus poseedores.
Sin equidad global en la vacunación, requerir certificados de vacunación para viajes internacionales no hará más que profundizar esa brecha. El Director General de la OMS señaló recientemente que una de cada cuatro personas ha recibido una vacuna en los países de altos ingresos; esa cifra baja a una de cada quinientos (o más) en los países de bajos ingresos. Exigir los certificados dará lugar a una diferenciación que será muy clara para quienes no tengan la fortuna de encontrarse en países que pudieron ser los primeros en adquirir vacunas. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, con los estudiantes internacionales que no puedan regresar a sus universidades por no poderse vacunar? ¿Cómo afectarían a los países en desarrollo que dependen del turismo?
Desde que inició la pandemia, se ha apostado más y más por las respuestas aisladas, como si no estuviéramos ante un problema compartido que desconoce las fronteras nacionales y que necesita de la solidaridad por parte de la comunidad internacional para resolverse. La vacunación debe ser una herramienta que, junto a las políticas de salud pública y la búsqueda de tratamientos efectivos, nos permita reconstruir mejor y regresar a una “normalidad” que sea más incluyente y sostenible.
Diputada federal
