El reporte preliminar del INEGI sobre las Características de las Defunciones Registradas en 2020 muestra la compleja realidad que vivimos los mexicanos para acceder a un sistema de salud incluyente y de calidad. Según los datos presentados, alrededor de 200 mil personas perdieron la vida por la Covid-19 en 2020, pero también aumentó el número de personas que fallecieron por enfermedades del corazón o diabetes con respecto a 2019. Aún más preocupante es el hecho de que cerca de 130 mil de las personas fallecidas no recibieron atención médica en el año anterior.
Es imposible lograr la recuperación económica después de la pandemia si no logramos garantizar el acceso a la salud para la población. Ninguna persona debería enfrentarse a barreras al acceso a la salud, especialmente cuando se trata de quienes viven con mayores condiciones de vulnerabilidad. De ahí la imperiosa necesidad de lograr que nuestros sistemas de salud sean resilientes y estén al alcance de todas las personas, sin importar su condición económica. En el contexto de los últimos meses, también es importante resaltar que esto incluye fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de salud en situaciones de emergencia, de manera que no haya interrupciones graves a la atención médica y las personas que la requieran puedan continuar con los tratamientos que necesitan.
La pandemia de la Covid-19 ha demostrado las consecuencias de no priorizar la salud y de las recurrentes limitaciones en la cobertura. Sin sistemas de salud resilientes, la Covid-19 impide la continuidad de los servicios de salud, algo especialmente grave para pacientes que requieren de esa atención de manera recurrente. Quienes ya se encontraban en una situación vulnerable por condiciones de salud adversas corren un riesgo aún mayor ante sistemas de salud que pueden verse rebasados por una pandemia.
Esto es precisamente lo que ha sucedido en México; cuando la capacidad hospitalaria se ha visto sobrepasada por altos niveles de transmisión de la Covid-19, menos personas han podido atenderse por otras condiciones de salud. Esto también ocurrió en otros países de América Latina, una región que ha sido afectada de manera desproporcionada por la pandemia. Parte de la razón está en que el financiamiento a la salud no es adecuado, y ahí está la lección que debemos aprender. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierte que, para varios países de la región, el gasto público en salud está debajo de la meta del 6% del PIB que recomienda la OPS, mientras que el financiamiento al primer nivel de atención tampoco alcanza el mínimo necesario del 30% del gasto público en salud.
No sólo se trata de hacer las indispensables reformas legales para alcanzar la cobertura universal de salud, también es urgente contar con el financiamiento adecuado que garantice la infraestructura necesaria, así como la remuneración digna al personal de salud y el abasto de medicamentos y equipamiento. En México ya concretamos la reforma constitucional para lograr la cobertura universal de salud; el enorme reto se encuentra en una implementación adecuada que garantice el acceso plenamente incluyente a un sistema de salud de calidad. Se trata de salvar y proteger vidas, especialmente con el riesgo latente de pandemias aún después de la Covid-19. Tenemos que entender que para prosperar necesitamos poner a las personas al centro. Para lograr ese cometido, la salud tiene que ser la prioridad.
