La pandemia ha hecho que las tecnologías de la información se conviertan en necesidades de primer orden. El proceso de digitalización se ha acelerado; un proceso que pudo haber tardado varios años ahora ha transcurrido en meses. Pero la accesibilidad a internet en México sigue planteando varios retos que deben superarse, o de lo contrario se dejará atrás a una gran parte de la población aumentando gravemente la existente desigualdad.
Ejemplo de ello es el uso de los datos móviles. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 2019 indica que 95.3% de los usuarios emplean un celular inteligente para conectarse a internet. Sin embargo, el acceso a datos móviles en México es caro. La empresa británica Cable señala que el precio promedio de un 1 gigabyte de datos móviles en México es de 4.77 dólares; de una lista de 155 países, el precio promedio del país es de los más caros del planeta, ocupando el puesto 121.
El primer paso para lograr una mayor inclusión es el acceso a la energía eléctrica. Más de 2 millones aún no cuentan con este servicio. Es indispensable asegurar la cobertura de servicios públicos esenciales en todos los hogares.
Este tema cobra relevancia a la luz de la desigualdad económica. Dado que una mayoría usa su celular para conectarse a internet, esto implica que las personas tendrán que destinar una mayor parte de su ingreso para mantener conectividad a internet por datos móviles. Por lo tanto, resulta necesario implementar medidas para reducir los costos. Particularmente, la inversión en infraestructura es un factor clave. Italia e Israel son ejemplos de ello: debido a la infraestructura con la que cuentan, el precio promedio de un 1 gigabyte es de 43 y 11 centavos, respectivamente.
Otro problema en términos de accesibilidad es la brecha digital entre áreas urbanas y áreas rurales. La ENDUTIH lo refleja: el porcentaje que usa internet en áreas urbanas es 76.6%, mientras que en el entorno rural esta cifra es de solo 47.7%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe coloca a estas brechas como una de las más grandes en la región.
Implementar la conectividad en las zonas rurales y apartadas es costoso, pero que no haya rentabilidad en hacerlo no obvia la necesidad de que un sector de la población pueda beneficiarse de tener internet. Una solución es que el gobierno asuma una parte del costo. Costa Rica puso en marcha un programa que hacía justamente esto: las familias recibían un subsidio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones que cubría hasta 80% de los costos, beneficiando a más de 40 mil familias.
Otro ejemplo es Internet para Todos en Perú, una asociación público-privada entre Telefónica, Facebook, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina para brindar cobertura a las comunidades rurales peruanas. El programa inició en 2019 y ya ha puesto la conectividad en manos de alrededor de 1 millón y medio de personas.
Seguir el ejemplo de otros países ayudaría a que la conectividad esté al alcance de todos. Conforme la aceleración de la digitalización continúe en el futuro muy cercano, garantizar la accesibilidad nos permitirá hacer que la inclusión sea la norma en la “nueva normalidad”, y no la excepción.
