Mucho se ha escrito sobre la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, pero poco hemos dimensionado los efectos que en pocos meses pueden ser devastadores para millones de familias en todo el mundo. Hace algunas semanas Oxfam publicó el reporte “Dignidad, no indigencia” donde explica que más de 500 millones de personas pueden ser empujadas a la pobreza como consecuencia de la pandemia.
En los últimos 20 años la pobreza había disminuido a nivel global y la mirada de los gobiernos estaba fijada en metas ambiciosas de inclusión que se plasmaron en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Sin embargo, si bien la economía mundial se había desacelerado desde 2008, los efectos de esta pandemia en la economía y en la vida de las personas no tienen referente en las últimas décadas.
El mundo se ha detenido y con ello la economía: los precios del petróleo se desplomaron, los flujos de personas, así como de numerosas industrias como la aviación, el turismo y la restaurantera, entre otras, se encuentran prácticamente en pausa. La situación para las empresas, principalmente para las pequeñas y medianas, es extremadamente riesgosa.
La gravedad de esta situación se ha traducido en cifras históricas de desempleo y aún no conocemos el impacto que tendrá en el crecimiento económico; algunos países como China y México han anunciado que buscarán medirlo de otra forma.
La realidad es elocuente y dura: vienen meses difíciles y millones de familias pueden terminar en situaciones muy precarias. La pandemia y sus consecuencias nos obligan a repensar los modelos económicos y las políticas de inclusión.
Como Presidenta de la Unión Interparlamentaria impulso un diálogo global que nos permita utilizar las herramientas económicas como mecanismos de combate a la pobreza. Los legisladores definimos el marco jurídico y presupuestal; el Decreto de Presupuesto es el instrumento de política pública más importante con el que cuenta un país, puesto que ahí se reflejan prioridades y decisiones, montos y acciones.
Además, los parlamentarios ratificamos los instrumentos internacionales, pero en su implementación las pequeñas empresas han quedado al margen de sus beneficios. Sí, el comercio exterior nos ha brindado acceso a mejores precios, pero no se ha utilizado su potencial para el desarrollo de algunas regiones e industrias mexicanas.
Debemos reconocer el incremento histórico que ha tenido el salario mínimo durante este gobierno, así como la creación de nuevos programas sociales. Sin embargo, no será suficiente ante los embates de esta crisis. Es urgente que trabajemos en la Cámara de Diputados para contar con seguros de desempleo y un ingreso básico universal.
Mientras se estima que el PIB de México puede caer hasta un 9% si la pobreza continúa creciendo. Debemos priorizar los mecanismos que disminuyan la desigualdad; establecer el diálogo para llegar a un acuerdo nacional mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo; generar confianza, atraer inversión, crear empleos y valor en nuestros productos y servicios; establecer las metas para el bienestar y los medios para lograrlo; desarrollar una estrategia energética, laboral, educativa y capacitación técnica; y, por último, implementar la Agenda 2030. Ya éramos un país terriblemente desigual; si antes era indispensable trabajar por la inclusión, hoy esa responsabilidad y lo bien que respondamos puede ser la diferencia entre el hambre y el empleo para millones de mexicanos.
Diputada federal
