El 2 de junio de 2024 los mexicanos elegiremos presidente de la República, senadores y diputados. Además del proceso electoral federal, 30 de las 32 entidades federativas definirán a sus autoridades locales entre las que destacan 8 gubernaturas -Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán- y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
La coalición gobernante en el país permanece fuerte en las encuestas y sólida en su agenda legislativa. El camino hacia el 2024 parecería pavimentado para Morena si consideramos la evaluación del Presidente, la cobertura de los programas sociales, la estabilidad económica y la movilización de 15 millones de personas en la consulta de revocación de mandato. Algunos piensan que para Morena y su coalición sólo queda pendiente la definición sobre la candidatura -—o “corcholata”— presidencial.
López Obrador ganó en el 2018 con el 53% de los votos que se reflejaron en una cómoda mayoría en el Congreso. Gracias a esos números, el Presidente pudo hacer modificaciones constitucionales y legales que le dotaron de más facultades y de amplios márgenes políticos que no se veían en México desde los años noventa. A pesar de ello, el Presidente está sufriendo el desgaste político propio de una administración en su último tramo: perdió su inmensa mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021, ya no cuenta con una bancada a modo en el Senado, dos de los ministros que propuso para la Suprema Corte han mostrado criterio propio y algunos integrantes de su gabinete mantienen sus agendas.
Ninguno de los aspirantes a la presidencia posee el mismo talento, tenacidad y músculo electoral que López Obrador. Si bien las encuestas favorecen a Morena rumbo al 2024, también nos muestran que ninguno de los aspirantes obtendría resultados similares a los de AMLO en 2018 lo que modificaría las relaciones de poder que hemos observado durante este sexenio.
Por una parte, el Congreso. Asumiendo que la oposición se mantuviera cohesionada en el Legislativo, el próximo gobierno tendría que generar los mecanismos de interlocución y negociación que no necesitó este sexenio. Un bloque mayoritario de oposición podría definir el presupuesto de egresos, fortalecer las funciones de vigilancia y modificar la legislación. Al no existir mayorías en el Congreso, el Senado debería acordar los nombramientos por lo que sería más probable continuar con un Poder Judicial libre de la intervención de otros poderes.
Por otra parte, el Ejecutivo. Las mañaneras se convirtieron en un mensaje abierto al mismo tiempo que se giran instrucciones al gabinete. Andrés Manuel ha construido su aprobación a través de sus atributos como líder social cercano a la gente; ninguno de los posibles sucesores tiene esas características. Además, la siguiente administración deberá resolver problemas muy complejos: la relación con el empoderado y opaco Ejército, la tensa relación con Estados Unidos —que pudiera estar en manos de los Republicanos— y nuestra menospreciada política exterior.
Por último, los gobiernos locales. El resultado de la elección en las 9 gubernaturas puede definir nuevos equilibrios en materia de seguridad, salud, educación y hasta la viabilidad de los proyectos emblemáticos de la actual administración. Una mayor pluralidad obligaría a buscar acuerdos.
Morena aún está a tiempo de reunir la amplia coalición social del 2018 y la oposición todavía puede reconstruirse; nada está escrito y menos en la política, la última palabra la tendremos quienes acudamos a las urnas en junio del 2024.
