En la entrega anterior sugerimos que el Frente Amplio por México debe ofrecer, como como parte de su programa de gobierno, adoptar -en serio- el sistema de los derechos humanos contenido en los tratados y convenciones internacionales firmados por México y consagrados en la constitución política (Art. 1° y todo el Título 1). ¿Por qué importa hacerlo?
Desde tiempos inmemoriales, las luchas por derechos han sido el motor de la democracia y del sistema jurídico. Con todos sus defectos, la forma de gobierno democrático y el sistema internacional de los derechos humanos es el punto culminante del horizonte de convivencia con justicia y reconocimiento mutuo más avanzado. ¿Por qué esas conquistas han de ser privativas de las personas que viven en los estados que consiguieron deshacerse de las formas más terribles de la explotación y no de los ciudadanos de latitudes atrasadas, que los exigen en vano a sus estados? La única respuesta posible es que no han conseguido el acceso al poder político que sí han logrado los ciudadanos en los países desarrollados. Donde ha habido o hay estados de bienestar es donde también se ha dado la mayor extensión de la democracia y los derechos, y estos se retroalimentan mutuamente. Esto no quiere decir que la democracia produzca inmediatamente igualdad, sino que es el espacio político en el que mejor se puede construir.
Salud y educación ocupan un lugar fundamental entre los derechos humanos. Son bases del arranque de las personas en la vida. Disfrutar de salud y educación hace posible que las personas puedan vivir vidas con sentido, no sólo sobrevivir. A estos dos derechos deben corresponder los bienes públicos que la comunidad política se obliga a proveer con suficiencia y calidad. El trabajo digno es otro derecho humano, como lo son las libertades civiles y políticas, sin las cuales los demás derechos no existen o están sujetos a lealtades serviles. No hay espacio para una exposición exhaustiva, que puede encontrarse en mi Ensayo para después del naufragio.
Es obvio que los derechos humanos se disfrutan apenas precariamente en México y que aquellos que se habían ya conquistado se han deteriorado en detrimento de la calidad de vida y la dignidad de las personas. El resentimiento y la ira contra los políticos tienen de base la conciencia ciudadana de la farsa en que diversos gobiernos y partidos han convertido el servicio público. Pero la otra cara de la misma moneda es el bajo grado de organización y exigencia de la sociedad para el cumplimiento de los derechos. Por desgracia, en nuestro país, el avance en la conquista de estos derechos es tan limitada que se traduce en la pobreza de millones y que, por esa condición, se vuelven carne de cañón de cuentos de hadas bananeras como los de la 4t.
Contra lo que proclaman los autoritarios de la izquierda (confiados en seguir en el gobierno), los derechos no son antinómicos. La oposición que pregonan entre libertad e igualdad está hecha de falacias. La más flagrante de ellas es la de que sólo la dictadura del proletariado (sea lo que eso sea hoy, en ella están pensando), puede superar las condiciones actuales de explotación y opresión. Aunque esa falacia de la bondad de la dictadura no se origina en ellos, sino en la antigüedad, se extiende hasta nuestros días y se convierte en una de las bases ideológicas del populismo autoritario. Se trata de un “reload” que no resiste el análisis histórico (ni lógico) y que no puede contra la evidencia de que la democracia es la forma de gobierno que mayor igualdad ha propiciado.
La mayor oportunidad que tenemos hoy para llevar los derechos humanos al nivel de la política pública está en el FAM, siempre y cuando su cuarta fuerza, la sociedad civil, no retire el dedo del renglón en su demanda por hacer que los derechos de la gente de este país cuenten y se obligue a que cuenten de hecho y no sólo en el papel.