Nuestro régimen político medianamente democrático está bajo asedio por un Estado autoritario que lo contiene. Los partidos de oposición están encerrados en él. Morena llegó al poder del gobierno en 2018 y ha echado mano de todas las herramientas legales e ilegales consuetudinarias de la vieja escuela para mantener a los opositores dentro de la celda de oro.
La primera evidencia de que la oposición está ahí, prisionera, es la propia llegada al poder del dueto AMLO-Morena: un binomio autoritario que ha sabido aprovechar los remanentes autoritarios de un Estado (como la presidencia) que no se transformó para un arribo sólido y duradero a la democratización política. La segunda evidencia es que la oposición es cómplice de esta dualidad: juega a la democracia para llegar al poder y luego ejercerlo con los usos y costumbres del partido hegemónico. El régimen de la transición permitió la competencia y la alternancia, pero impidió la transformación del Estado para hacerlo una herramienta de la inclusión social en las decisiones públicas, que es la demanda más sentida por la mayoría de la población. No hay vacuna contra el autoritarismo mientras los excluidos sean la masa de maniobra del autoritarismo, que es la antigua práctica lo que el obradorismo ha fortalecido (AMLO: “ayudando a los pobres va uno a la segura”).
Ante el ocaso del sexenio la oposición se juega la existencia en las elecciones de 2023 y 2024. Puede sucumbir si no ofrece un programa atractivo al electorado democrático y a la creciente suma de obradoristas arrepentidos que se empieza a producir en cascada y volverse una simple piedra en el zapato de Morena. O puede adquirir nueva fuerza si en el tramo final del sexenio ofrece verdaderas alternativas, lo que no se ve hasta ahora.
El punto de partida no es un sapo fácil de tragar. Debe reconocerse abiertamente que la clase política no hizo lo suficiente para producir los fuertes anticuerpos democráticos anti-regresión. El retroceso de hoy también es responsabilidad de dichos partidos políticos. No entro aquí en los detalles de esta necesaria confesión, sólo apunto que no se trata de inmolarse en la plaza pública, sino de un diagnóstico que convenza de que los partidos democráticos asuman el cambio propio necesario para no ser atormentados por la repetición de sus omisiones.
El segundo paso es consecuencia del anterior: ofrecer en las elecciones del Estado de México y Coahuila, y en las federales del 24, coaliciones de gobierno con programa común y voluntad real de postular a la presidencia de la República una candidatura que resulte de la consulta a la ciudadanía y así empezar a recuperar su confianza. La decisión de concurrir en coalición es claramente posible con base en el artículo 89 y otros de la Constitución. Las campañas y elecciones de 2023 en cada Estado podrían ser peldaños hacia la campaña de elecciones presidencial, parlamentaria y estatales que tendrán lugar el año próximo.
El programa de coalición nacional no debe ser un rosario de buenas intenciones, sino un compromiso con las prioridades fundamentales: un pacto nacional para reencaminar al país al desarrollo —tenemos oportunidad de adherirnos al realineamiento global de las cadenas productivas—, mantener y profundizar los programas de apoyo a los más pobres y excluidos y reconstruir rápida y eficazmente los bienes públicos esenciales para sacar del atasco en que se encuentran a los sistemas de seguridad, salud, educación y de pensiones para asegurar realistamente que las mayorías tendrán una perspectiva de vida digna más allá de los podridos estándares actuales.
Los detalles de este programa tienen como condición la firme y clara decisión de proponer el cambio de régimen de gobierno y la reforma del Estado en que debe culminar. Cabe agregar que en el tránsito hacia esta propuesta —que es factible— la oposición y la sociedad civil democrática tienen una tarea inmediata por delante: derrotar el “Plan B” con que AMLO y sus obedientes legisladores quieren destruir al INE. Si no se gana esa batalla en 2024 habrá una elección de Estado y la imposición de una autocracia.