En México, la acusación anticipa la condena sin trámite. Y tratándose de figuras de oposición, el mazo inquisidor es más riguroso. La presunción de culpabilidad se anticipa al debido proceso y lo convierte en banalidad. Ese canibalismo político y mediático ha elevado el volumen de su ritual hipnótico, ayudando a pavimentar el camino hacia la restauración autoritaria.
Desde el inicio de este gobierno el país esperó, expectante, que la promesa de combatir la corrupción se cumpliera. Los hechos dicen lo contrario: ha empeorado. Cada día que pasa, el rompecabezas del pacto de impunidad entre AMLO y Peña va encontrando las piezas que consolidan la hipótesis y la hacen más difícil de refutar. Naturalmente, los que van armando el cuadro no son las instituciones del Estado dedicadas al combate a la corrupción, con la excepción de un INAI bajo asedio del gobierno, sino la prensa nacional y extranjera, las organizaciones civiles y las gargantas profundas que cantan cuando las aprietan.
El gobierno ha revelado indagatorias sobre los bienes de varios expresidentes y sus entornos. No es la primera vez que amenaza con el petate del muerto. Desde 2018, el presidente, sus funcionarios a cargo de los mecanismos de rendición de cuentas y su bancada en el Congreso han jugado a hacer como si combatieran la corrupción y sus causas de fondo. ¡Hasta se convocó a una consulta “popular” —mañosamente solicitada por su partido con ayuda del gobierno— para responder a una pregunta incomprensible! Paralelamente, han desmantelado o lentificado los mecanismos institucionales para conocer, prevenir y castigar la corrupción.
La Auditoría Superior, el INAI y los órganos internos de control (¿quién se acuerda de ellos?), se han vuelto instancias de una puerta revolvente por la que el que pregunta entra por un lado y, sin responderle, lo rebotan por el otro. La situación de la transparencia y la rendición de cuentas no es igual, sino peor que en los tres gobiernos anteriores. Desde 2000, ningún gobierno había declarado reservada tanta información, especialmente tratándose de las obras públicas encomendadas a las fuerzas armadas. Nunca se había dado una contienda abierta entre el gobierno en turno y el INAI para impedir que este realice sus funciones. Nunca había sido objetivo prioritario y continuo evitar que la información pública gubernamental llegara al conocimiento de la ciudadanía. Estamos hoy más a oscuras que nunca desde la primera alternancia en la presidencia.
Durante su campaña política, AMLO aseguró que si se cortase de tajo la corrupción, los ahorros serían de más de 500 mil millones de pesos. No sabemos si los hubo ni a dónde fueron a parar (ver el informe: https://combatealacorrupcion.mx/). El ocultamiento de información es secreto a voces dentro del gobierno. El presidente se jacta de que él es quien informa al país a través de las mañaneras.
En ellas dice o responde lo que se le antoja y no pocas veces se enreda en su lengua. Sin embargo, no hay engaño, las acciones contra la “corrupción” (haya o no motivo para investigar), son acciones para neutralizar, descalificar y deshacer cualquier posibilidad de alianza de la oposición hacia las elecciones del Edomex, Coahuila y 2024. No se trata de un esfuerzo real para expulsar la corrupción de la función pública, sino todo lo contrario: una operación política pensada, calculada e implementada con la finalidad de liquidar al oponente, con absoluta indiferencia de la presunción de inocencia, el debido proceso, la erradicación de la corrupción o cualquier otro barrunto de justicia.
Los esfuerzos de reforma del sistema judicial que se emprendieron desde los años 90 han sucumbido a la devastación institucional de la justicia para concentrar el poder en el presidente. Ni la Corte Suprema se ha librado de la regresión. Mientras miles de víctimas de la violencia forman fila para recibir atención y, en hipótesis muy remota, justicia, el poder político usa la procuración para mantenerse impune y perpetuarse.
@pacovaldesu
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